La mayoría de presos con patologías mentales graves nunca había sido tratado

Es el retrato, a grandes rasgos, de la salud mental en las prisiones que dibuja el subdirector de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, con motivo de la celebración en Madrid de un semanario en el que han participado expertos del ámbito judicial, sanitario y de instituciones penitenciarias.

El caso del parricida de Girona que el pasado jueves decapitó a su hija de dos años porque así se lo había dictado el diablo puede ser uno más de los crímenes cometidos por un enfermo mental grave, delitos que, en la mayoría de los casos, "son incomprensibles e inesperados", asegura a Efe Arroyo.

El 25 por ciento de la población reclusa tiene diagnosticado algún transtorno mental. En la mitad de estos casos se trata de una depresión reactiva que puede ser pasajera y otro tanto está relacionado con el consumo de drogas o alcohol.

Además, cuatro de cada cien padece una enfermedad mental de carácter grave, es decir, sufre una psicosis esquizofrénica o paranoide, o algún transtorno bipolar. La mitad de estos reclusos ha tenido contacto con la justicia por delitos menores que finalmente le llevan a prisión, y un 56 por ciento también ha ingresado previamente en algún hospital por problemas psiquiátricos. "El problema surge cuando abandonan el hospital, vuelven a su entorno, no siguen un tratamiento ambulatorio y, tiempo después, protagonizan una agresión -ocurre en un 85 por ciento de los casos- o cometen un delito más grave como un homicidio", explica Arroyo.

Basándose en informes médicos es el juez quien decide si esa persona ingresa en una prisión convencional y recibe tratamiento o si debe ir a uno de los dos hospitales penitenciarios psiquiátricos existentes en Sevilla y Alicante porque es "inimputable", es decir, no puede ser acusado porque el delito es consecuencia de una patología mental.

En el primer caso, todos los centros penitenciarios cuentan desde hace dos años con el programa de atención integral al enfermo mental que pone a disposición del recluso todos los recursos asistenciales para su tratamiento o para la detección de nuevos casos, ya que hay internos que desarrollan alguna patología mental ya en la prisión.

Y aunque una cárcel "no es el mejor lugar para tratar a un enfermo", Arroyo destaca el avance de la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios en los últimos años y que ha logrado que España, subraya, "esté por encima de la media europea en cuanto a la detección, tratamiento y control de estos trastornos".

Además, señala que la inmensa mayoría -más de un 90 por ciento- de ese 4,2 por ciento de reclusos que padece una enfermedad mental grave están inscritos en este programa.
El problema de estos internos es mayor entre el alrededor de 600 "pacientes"ingresados en los hospitales penitenciarios de Alicante o Sevilla, convertidos en centros psiquiátricos pero sin dejar de ser prisiones, según critica Araceli Carrillo, una de las socias fundadoras de la asociación de familiares del centro alicantino.

"Ningún enfermo mental debe estar en una cárcel porque, además de no ser considerado responsable del delito cometido, es imposible que esa persona logre una recuperación total de su enfermedad, pues en muchos casos estas personas están alejadas de sus familias", explica a Efe Carrillo.

El 80 por ciento de estos pacientes estabilizan sus conductas en los hospitales penitenciarios y un 98 por ciento agota el tiempo estipulado por el juez como medida de seguridad de privación de libertad, a pesar de que tres de cada diez podrían estar fuera del centro.
"Esto es lo verdaderamente injusto", destaca el subdirector de sanidad penitenciaria, que opina que es en este punto donde las comunidades autónomas y los recursos sanitarios deberían prestar su apoyo, una reclamación que comparte Carrillo, que considera que la red sanitaria rehuye a estos enfermos porque en su expediente figura que han cometido un delito.