Inturjoven echa sin avisar a un 15% de la plantilla de los servicios centrales

Llegaron ayer a sus puestos de trabajo a las diez de la mañana y comprobaron que sus servidores de correo electrónico habían sido anulados. Luego, ante las sospechas, consultaron sus cuentas bancarias y vieron que la empresa les había realizado ingresos bajo el epígrafe de «finiquito». Alarmados, preguntaron de inmediato en el departamento de personal y allí les entregaron las cartas de despido.

Un total de 11 trabajadores de los servicios centrales de Inturjoven, casi un 15 por ciento, han sido despedidos «sin previo aviso y de manera arbitraria», tal y como confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la plantilla. La empresa se dedica al turismo juvenil y depende del Instituto Andaluz de la Juventud, que a su vez pertenece a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Según los empleados, el gerente, José María Zambrano, no ha acometido previamente ningún plan de ajuste económico, no ha reducido los directivos ni los salarios e incluso mantiene las subcontratas, a pesar de que comunicó que la empresa «está en crisis y tiene problemas de financiación». De hecho, según la dirección, la deuda ascendería a un millón de euros, aunque otras fuentes la cifran en más de un millón y medio.
«No se ha seguido un criterio a la hora de despedir, por ejemplo el de antigüedad, sino que han echado a los que no eran de la cuerda del gerente», aseguran los empleados. Seis años llevaba el último trabajador en incorporarse y 17 el más antiguo. En relación con las condiciones de los despidos, cobrarán 20 días por año trabajado. Todos tenían un contrato por obras y servicios, salvo la directora de Marketing.

Por su parte, Zambrano justificó a los afectados que la empresa está inmersa en un proceso de reajuste de plantilla, con el objetivo de reducir costes y mejorar la calidad de los servicios. Los 11 despidos los atribuye, por tanto, a la fusión de los departamentos de Encargos y Programas y el de Marketing en un solo. Precisamente, el sueldo de Zambrano ha sido objeto de polémica al conocerse que asciende a 70.436 euros anuales, superando los ingresos del propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que rondan los 69.000 euros. Además, con la reciente reordenación del sector público, el Gobierno andaluz garantizó que se mantendrían todos los puestos de trabajo de las empresas y organismos públicos.