La Junta da a los maestros una mayor autoridad y planta cara a los agresores

Valladolid- El personal docente de Castilla y León será reconocido como autoridad pública y tendrá protección jurídica ante cualquier tipo de agresión o intimidación del alumnado. Éste es el objetivo fundamental de la Ley de autoridad del profesorado, que va a remitir la Junta a las Cortes autonómicas, de manera se apruebe antes de que concluya junio y se comience a aplicar en el curso 2012-2013.

La norma, detalló el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, busca garantizar una convivencia adecuada en los centros escolares, de manera que sus diferentes propósitos se acompasan con el Plan de Convivencia Escolar, aprobado en la pasada legislatura.

Castilla y León, donde las agresiones al profesorado tienen una relevancia escasa, se convertirá así en una de las cinco comunidades autónomas que tendrá en el profesorado una autoridad pública en el ámbito penal, de manera que las agresiones o intimidaciones graves a un docente pueden convertirse en delito de atentado contra la autoridad, lo que agrava las condenas por los actos que se juzguen. Junto a nuestra Región, aplican una regulación normativa en este sentido Madrid, La Rioja, Galicia y Comunidad Valenciana. En caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión, se dará veracidad a los informes y declaraciones del profesorado, y los delitos podrán ser perseguidos, de oficio, por la Fiscalía, lo que eximirá al maestro agredido de personarse como agente principal en la denuncia.

De Santiago-Juárez avanzó que el consejero de Educación, Juan José Mateos, iniciará una ronda de contactos para informar del texto legal y confió en que su aprobación se lleve a caso con un alto grado de consenso.

Integración de inmigrantes
El Consejo de Gobierno también sirvió para conocer un informe sobre el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Integración de Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, cuya finalidad se centra en promover la mimetización social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes en la Comunidad. Un propósito que se recoge en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía. Esta norma, que constará de cuatro títulos y 33 artículos, se ciñe a los extranjeros extracomunitarios empadronados en Castilla y León, a quienes se busca garantizar los derechos, pero también exigir una serie de obligaciones, de cara a fundamentar la convivencia, especialmente en lo referente a derechos de los niños y las mujeres.

El consejero De Santiago-Juárez, competente en la materia, avanzó que se convocará el Foro de la Inmigración, para abrir el texto a la participación de la sociedad, con el propósito de aprobar, también en el actual periodo de sesiones, una Ley que contempla el impulso de los Centros Integrales de Inmigración y por la que se regulará la figura del mediador intercultural. Del mismo modo, se actuará sobre las redes de coordinación, para que sean más eficientes.