Alaya fija el «presunto despilfarro»: 686 millones de fianza para Guerrero

Esta cifra cubre la responsabilidad civil del ex alto cargo y por tanto no es una fianza con la que poder eludir la prisión. En un auto notificado ayer a las partes y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la instructora señala que esta suma sólo persigue «asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, y sin perjuicio de ulterior variación».

Esta cantidad es un claro ejemplo de la magnitud del proceso. La instructora no sólo se centra en el dinero percibido de manera irregular por los «intrusos» en los ERE o las ayudas directas a empresas, sino que parte de la premisa que la partida 31L –bautizada como «fondo de reptiles» por el propio ex alto cargo– se repartió de una manera irregular. El objetivo, señala, «es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público».

El futuro de Guerrero, encarcelado desde el sábado, no es halagüeño. La juez señala «los sólidos indicios» que existen contra él y pronostica «que es previsible que pudiera resultar condenado».

Sin embargo, de la lectura del auto se deduce que la instructora no lo señala como único responsable, teoría mantenida por la Junta de Andalucía. «Los sucesivos directores generales y superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayudas iniciados por aquel, no continuando los pagos y en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro, al tratarse como bien manifestó el sr. Guerrero en su declaración, de ayudas absolutamente discrecionales, que solamente eran concedidas a entidades próximas a la Administración».

Alaya puntualiza además que las ayudas estaban «completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido que era el de la subvención excepcional».

Una vez más, la magistrada apunta a cargos superiores dentro del Gobierno andaluz. Guerrero aparecería como ejecutor de un sistema creado para otorgar dinero público sin procedimiento y que, presuntamente, aprovechó también para beneficio propio y de allegados. Pero existiría otro escalón de responsabilidad entre aquellos que crearon y desarrollaron ese modelo.

La juez distingue hasta cuatro aspectos para cuantificar la millonaria fianza impuesta al ex director general. El primero se refiere a las ayudas sociolaborales, el dinero que salió de las arcas públicas para pagar ERE. Aunque muchos fueran trabajadores con derecho a la prejubilación, el sistema elegido –convenios con el ente instrumental IFA– podría resultar ilegal y de él sólo se beneficiaban aquellas empresas con contactos en la Administración.

Además, la Junta también abonó facturas de asesoramiento a empresas. En total, por este concepto, entre 2001 y 2008, periodo de Guerrero en el cargo, se abonaron 456.127.844 euros.
La segunda línea de investigación la constituyen las ayudas directas a empresas. Se libraron 59.610.277,93 euros para sociedades del entorno del PSOE, ayuntamientos socialistas y las empresas del chófer.
El tercer frente son los «intrusos», las personas con pólizas de renta sin tener derecho a ellas. Militantes socialistas o conocidos de Guerrero. El total asciende a 3.080.867,78 euros.

El cuarto aspecto que tiene en cuenta la magistrada para fijar la fianza son los pagos cruzados. Órdenes para desviar dinero de una póliza a otra sin el conocimiento de la Agencia IDEA, el ente instrumental de la Junta que pagaba el dinero. Una solicitud del ex director general a las compañías de seguro bastaba para que las cantidades cambiaran su destino inicial en función de la urgencia política para solventar impagos. El total es de 4.019.999,80 euros.

La suma de los cuatro aspectos es de 522 millones, a los que hay que sumar otros cinco «en previsión de futuras responsabilidades» –aún queda mucho que instruir– y el tercio que exige el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 686.190.686,36 euros.
La Junta sigue como acusación

En el auto, Alaya rechaza la petición de la defensa de Guerrero de expulsar a la Junta como acusación y de declararla responsable civil subsidiaria. Considera que esto último, supondría que «los ciudadanos se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y segundo por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos, a la cantidad que se concrete de responsabilidad civil» subsidiaria».

CLAVES DE UNA SUMA HISTÓRICA
1. Ayudas sociolaborales. Son los convenios firmados para pagar ERE. El importe de los mismos abonado durante el tiempo que estuvo como director general fue de 456.127.844 euros.

2. Ayudas a empresas. Importes directos a sociedades del entorno de la Junta, ayuntamientos socialistas y al chófer: 59.610.277,93 euros.

3. Intrusos. Pólizas de renta a personas que jamás trabajaron en las empresas acogidas a un ERE. De momento, 3.080.867,78 euros.

4. Pagos cruzados. Órdenes directas para desviar dinero de una póliza a otra. Se daban directamente a las aseguradoras, sin mediar la Agencia IDEA: 4.019.999,80 euros.