Responsabilidad pública

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El acuerdo alcanzado el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una pieza clave, dentro del programa de reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, para hacer frente a la crisis financiera. Allí donde el PSOE fracasó, incapaz de poner de acuerdo a las autonomías tras haber hecho saltar previamente por los aires el modelo de financiación existente, el equipo de Montoro ha tenido el acierto de consensuar una solución para comenzar a tapar uno de los grandes agujeros de la economía española. La urgencia que imponen más de cinco millones de personas sin trabajo y centenares de empresas abocadas al cierre por el impago de las facturas a cargo de los ejecutivos regionales explica la celeridad con que el Gobierno, antes de su primer mes de vida, ha reunido a las 17 autonomías y puesto sobre la mesa las primeras soluciones viables. Quizá el primer gran resultado haya sido acabar con la huida hacia adelante con la que muchos de los ejecutivos regionales habían tratado de eludir la crisis, inflando su deuda financiera hasta llegar a extremos como la emisión de «bonos patrióticos». Con la incertidumbre provocada por la negativa socialista a elaborar en su momento los Presupuestos Generales del Estado, corría prisa establecer las primeras transferencias económicas y evitar la quiebra de las haciendas regionales, pero también resultaba extremadamente urgente acabar con la imagen de patio de vecindad mal avenida y de escasa solvencia que España comenzaba a generar en los mercados financieros. Por eso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, no ha perdido ni un solo día en trasladar a la UE el éxito de un acuerdo que pone orden en el desastre financiero autonómico, y en asegurar que la marca España es sinónimo de rigor fiscal y presupuestario. Porque no se trata de acabar con la capacidad de autogobierno de las autonomías, sino de evitar los abusos de una mala gestión que lastra la imagen del país en su conjunto. Establecer una firme disciplina presupuestaria, en sintonía con el compromiso adquirido por España e incorporado a la Constitución, supone marcar una línea roja en el gasto de las administraciones. Y al igual que en la empresa privada es delictivo dilapidar el dinero de los accionistas, lo mismo debe ocurrir cuando es un político quien gasta alegremente y sobrecarga de deudas a los ciudadanos, en proyectos partidarios o faraónicos. Acierta pues el Gobierno al proponer cambios en la ley de transparencia para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos y desperdicien los impuestos de los contribuyentes con la excusa de que «el dinero público no es de nadie». Como los que nos han gobernado hasta hace un mes y casi han apuntillado el Estado del Bienestar.