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Anuncios mafiosos
En una brillante operación, la Policía ha desarticulado una red de la mafia china dedicada a la explotación sexual de mujeres, a las que obligaban a vivir en condiciones infrahumanas, hacinadas en habitáculos y sin más remuneración que su propia manutención. El entramado delictivo estaba compuesto por una docena de individuos que utilizaban al menos siete viviendas en Madrid, en una de las cuales había un laboratorio para fabricar ketamina, un anestésico de uso animal que se suele mezclar con estupefacientes. El desmantelamiento de la red no trascendería la pura crónica de sucesos si de por medio no hubiera aparecido un dato alarmante que implica directamente a empresas honorables: los mafiosos contrataban anuncios en las páginas de contactos de periódicos nacionales para captar clientes. Las pruebas policiales confirman lo que desde hace tiempo viene denunciando LA RAZÓN, que gran parte de los anuncios de prostitución que se publican a diario forman parte del negocio de las mafias dedicadas a la trata y a la explotación sexual de mujeres, la mayoría de las cuales son inmigrantes en situación irregular. Cuando nuestro periódico hizo esta denuncia, algunos colegas bienintencionados replicaron que no estaba probada la ligazón entre anuncios y mafias, pero que si se llegara a demostrar, no dudarían en secundar el ejemplo de LA RAZÓN y suprimirlos de sus páginas. No cabe duda de que la eficiente operación policial de ayer despeja algunas incógnitas y aclara no pocas dudas. Como es natural, cada empresa periodística es muy libre de publicar en sus páginas los reclamos comerciales que estime convenientes para su cuenta de resultados, sin más límites que los impuestos por la Ley y el código deontológico de la Publicidad. Pero ya no es aceptable, porque repugna al buen sentido, que se justifiquen los anuncios de prostitución como si fueran de una actividad mercantil entre personas libres e iguales. Resulta paradójico que mientras a un periodista se le exigen rigurosos criterios éticos y profesionales para publicar una información pongamos que sobre prostitución, a los proxenetas se les abre las páginas del mismo diario sin ninguna traba ni condición, salvo la de pagar puntualmente el anuncio. En todo caso, darles cancha a unos reclamos que fomentan la explotación de la mujer y sirven a los sucios negocios de la mafia es una incongruencia que ningún medio serio, responsable y editorialmente solvente puede encubrir bajo la asepsia de la publicidad. La credibilidad de la Prensa, en general, sale gravemente dañada cuando se incurre en contradicciones insalvables como erigirse en paladín de los derechos de la mujer en la página editorial y, unas pocas más atrás, dar cabida a decenas de anuncios, profusamente ilustrados, cuya sola redacción es un compendio de humillaciones y sevicias. Sería deseable que se pusiera fin a esta contradicción, pero también le corresponde a las autoridades analizar si la publicación de anuncios de prostitución choca con el ordenamiento legal vigente y favorece, aunque sea de modo involuntario, a las redes mafiosas.
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