Entre diez y quince años para vender los pisos «tóxicos»

MADRID- El Consejo de Ministros aprobará en la reunión que celebrará el próximo viernes la segunda fase de la reforma financiera, después de que la primera no haya alcanzado los resultados deseados en los mercados. La banca española ha perdido más de 24.000 millones de euros de valor en los mercados en lo que va transcurrido de año.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el Gobierno dará luz verde a la creación de sociedades de liquidación de activos inmobiliarios como una forma indirecta de sanear los balances de los bancos españoles. Éstos podrán traspasar sus riesgos a los «bancos malos» que se constituyan para que sean liquidados en un plazo de entre diez y quince años –se está estudiando todavía el plazo definitivo–. Los accionistas de estas sociedades serán los propios bancos, aunque ninguno podrá tener el control con el fin de que estos activos no consoliden en sus balances. La gestión será cedida a empresas especializadas de capital privado.

Bancos y cajas tienen concedidos créditos al sector inmobiliario por importe de 330.000 millones de euros, de los que 184.000 tenían a 31 de diciembre de 2011 la calificación de problemáticos. Está todavía por decidir quién paga las posibles pérdidas derivadas de la diferencia entre el precio de traspaso de los activos –ya provisionados en gran parte por las entidades– y el de venta real de los mismos . El Estado será el último recurso.

El sistema guarda similitudes con el modelo alemán puesto en práctica en 2009. Fue entonces cuando la canciller Merkel cambió de opinión. Por primera vez. Prácticamente hasta mayo de ese año, había desechado con firmeza los cantos de sirena de determinados sectores económicos y financieros –incluso de su propio Gobierno– para permitir que algunos bancos «irresponsables» –como el coloso Commerzbank o el hipotecario Hypo Real Estate– sacaran sus activos tóxicos en sociedades paralelas para limpiar sus balances con respaldo de los fondos públicos de todos lo alemanes. Hasta esa fecha, los bancos alemanes acumulaban entre 200.000 y 300.000 millones de euros en deudas arriesgadas o activos dudosos, lo que representaba un 12% del PIB alemán, y el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, revelaba un plan de la Administración Obama para hacer exactamente todo aquello de lo que recelaba Merkel.

En mayo de 2009, se permitió crear sociedades para aparcar los activos tóxicos a cambio de bonos de deuda que el Gobierno federal garantiza por un máximo de 20 años y que pueden presentarse ante el Banco Central Europeo. Según el modelo alemán, el Estado paga a la banca el precio que tiene fijado en sus balances. A cambio, las entidades asumen el riesgo de que se tarde en recuperar el precio pagado por los activos y reactivan el crédito al sistema.