Bruselas

La caída de los altos cargos

Directores, delegados, asesores, gente de confianza, jefes de prensa y hasta chóferes temen por su trabajo por el cambio de Gobierno tras las elecciones

Vehículos de altos cargos de la anterior Administración de Castilla-La Mancha
Vehículos de altos cargos de la anterior Administración de Castilla-La Manchalarazon

Con la aplastante victoria del Partido Popular de Mariano Rajoy en las elecciones generales del pasado domingo, los altos cargos socialistas y su personal de confianza pierden sus privilegios en la Administración pública. Muchos bajan en el escalafón, otros se mueven a puestos similares, alguno se mantendrá con el nuevo Gobierno y los menos están ya en la calle. Sin nada. Se trata de asesores, prensa, coordinadores, secretarias... que estos días atraviesan «como pueden» momentos de «sufrimiento» y de «caos», según sus propios testimonios. Los entrevistados, que insisten una y otra vez en mantener el anonimato aludiendo a su «situación delicada», repiten, con cierto temblor en la voz, la palabra «futuro». No lo ven claro. «Todavía no sé qué voy a hacer. Podría volver a mi plaza de funcionaria o quizás me den algún puesto en el partido», confiesa la mano derecha de un alto cargo político en Andalucía. «No sé por dónde tirar. Lo veo todo bastante negro», reconoce un periodista del Ministerio de Medio Ambiente, hasta ahora con Rosa Aguilar a la cabeza. «Sabíamos que este momento llegaría», intentan calmarse desde el Ministerio de Economía de Madrid. Así se muestran también miembros de la cartera de Cristina Garmendia o de Manuel Chaves, vicepresidente tercero hasta dentro de poco.

Rehacer currículos

Por si acaso, por lo que pueda pasar en las próximas semanas (quizás días), los hasta ahora «privilegiados» rehacen currículos y contactan con posibles empleadores, tanto en los partidos como en empresas privadas. Muchos de ellos, eso sí, sobre todo en el caso de altos cargos, ya obtuvieron en su tiempo un puesto de tipo 1, el máximo en el funcionariado, y recuperarán los puestos anteriores a la aventura política emprendida. A muchos se les concedieron excedencias obligatorias al ser requeridos por un cargo de responsabilidad. Igualmente, unos y otros están digiriendo «el cambio». Intentan no ahogarse en el mar de dudas sobrevenido tras el maremoto electoral.

Los miembros de gabinetes elegidos «a dedo», sin carrera previa en la Administración, componen el grupo de los «nerviosos». Ellos lo tienen más crudo. Son los que se conocen como «enchufados». Muchos llevaban ocho años. Otros acababan de llegar. El número de afectados es difícil de cuantificar ya que, según las propias fuentes del Gobierno socialista, la cifra es «bastante opaca». Las estimaciones van desde un millar de damnificados (340 altos cargos en la Administración general del Estado más otros 663 como funcionarios eventuales al servicio de los ministerios, según datos del Boletín Estadístico del Ministerio de Política Territorial de julio de 2010). Otras se disparan hasta 5.000, al multiplicar por 5 las personas de confianza en cada gabinete.

Los Puestos de Libre Designación (PLD), es decir, los elegidos «a dedo», deben justificarse pero no siempre ocurre. Esos afortunados saltan directamente a un nivel 30 en la carrera administrativa, lo máximo alcanzable. En cualquier caso, para obtener una cifra real, habría que sumar el personal de las subdelegaciones del Gobierno en cada provincia, parte de las delegaciones, jefes de gabinete, asesores jurídicos, de imagen, de economía, personal de Prensa, directores de comunicación, coordinadores de área, chóferes, secretarias... Y así hasta esa cifra de cargos de responsabilidad (algunos merecidos, otros, sencillamente, fruto de la lealtad o la amistad). De la Administración central, y dependiendo de cada provincia, cuelgan numerosos contratos: el jefe de Industria y Energía, Jefe de Sanidad Exterior, de Trabajo, de Tráfico, oficina de Extranjería, responsable de la prisión, carreteras, Tesorería, Hacienda,... Todos pueden cambiar si el nuevo Gobierno así lo decidiera. Por eso, quien más o quien menos, planea cómo encajar en cualquier otra parte. Desde el Ministerio de Economía, uno de los responsables que salen, intenta dar normalidad a los nervios del poco claro porvenir: «Cualquiera que esté en un puesto de estos, sabe que es por un tiempo limitado. Y así debe ser». El damnificado, que fue seleccionado por el director de un organismo financiero hace tres años, habla del «gran nivel de exigencia y entrega en estos cargos, con más de 24 horas de trabajo diario», «mucho estrés y responsabilidad». Es algo lógico, dice. Y da un ejemplo evidente: «Si cambia el director de Vodafone, por ejemplo, también metería a su equipo de confianza. Es lo normal. Volveré a mi trabajo anterior». Dentro del Ministerio de Economía, detalla, hay hasta 14 asesores necesarios: el de fiscalidad interna, relaciones con Bruselas, deuda pública... Todos ellos podrán quedarse o no.

Adelgazar a la fuerza

Desde las subdelegaciones provinciales, también se habla de «situación delicada». En Huelva, por ejemplo, cuando entró el socialista Manolo Bago, que se ha mantenido en el cargo ocho años, encontró una veintena de personas ya colocadas por el Gobierno anterior. Según fuentes cercanas, «debido a su talante unificador», no se prescindió de casi nadie. Antiguos y nuevos trabajaron «codo con codo» por una política común. «Aquí, en el PSOE, nos caracterizamos por asumir. No llegamos y quitas indiscriminadamente los cargos susceptibles de cambio», asegura una responsable del partido onubense.

En cualquier caso, los políticos que asumen el poder estos días, tendrán que adelgazar la Administración, uno de los problemas clave en nuestra malherida economía. En este punto están de acuerdo todos los entrevistados, de ambos partidos, PP y PSOE. «Vamos sumando estratos y estratos hasta que el monstruo ha engordado demasiado», reconocen desde la Administración madrileña. Y el problema no lo tienen sólo los cargos del Gobierno central. También se han producido abusos puntuales en multitud de municipios.

El primer teniente de alcalde de Alcorcón, en Madrid, Óscar Romera (PP), aseguró en julio que el ejecutivo socialista tenía contratados entre sus 52 cargos de confianza a 22 directores generales y cinco coordinadores generales que cobraban más de 85.000 euros anuales cada uno. Los entrevistados coinciden en que «hay que poner orden». Cortar. Reducir. Organizar. También lo anuncian los nuevos responsables políticos. A ver por dónde empiezan.

Adelantarse a lo que pueda pasar
En Andalucía no saben qué va a ocurrir en las próximas elecciones municipales de marzo o abril. Una mayoría absoluta de Javier Arenas, del PP, desbancaría el monopolio socialista de los últimos 30 años. Es el tema recurrente de las «próximas víctimas». Los funcionarios que fueron ascendiendo con los años confiesan su temor de ser relegados por «nuevos». «Se mete más y más gente y, económicamente, es insostenible», reconoce una ex jefa de comunicación de la Junta. Viendo el panorama, cambió de trabajo hace unas semanas. «Me he adelantado a lo que pueda pasar», asegura.