La Fiscalía abre una investigación sobre el cultivo de marihuana en Rasquera

BARCELONA– Como era previsible, la Fiscalía de Tarragona abrió ayer diligencias informativas en relación con la decisión de Rasquera de permitir la plantación de cannabis en terrenos del municipio, una iniciativa destinada, según este Consistorio, a paliar la crisis económica.
«La impugnación y control de legalidad de los acuerdos de los plenos de los ayuntamientos corresponde a la delegación del Gobierno y a la Generalitat», reconoció la Fiscalía, y agregó que, independientemente de sus actuaciones en el ámbito penal, «hay una revisión y estudio de la legalidad administrativa de este acuerdo municipal que corresponde a las instituciones citadas».
Futura decisión
La Fiscalía tarraconense añade que se trata de «dos vías paralelas y complementarias que harán su recorrido y que una vez que se haya accedido a la información necesaria de datos que todavía hoy no se tienen», al menos por su parte, «darán lugar a la decisión oportuna sobre la materia».
Por su parte, la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, pidió al Consistorio de Rasquera que le remita las actas del pleno en el que se aprobó la cesión de terrenos, así como la documentación, los expedientes y los informes de la iniciativa, con el objetivo de que sean examinados por la Abogacía del Estado.
En declaraciones a Efe en Madrid, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, indicó que la Abogacía del Estado estudiaba impugnar la decisión del Ayuntamiento de Rasquera y denunció «la perversión del lenguaje» que emplea el Consistorio para defender una actuación que «cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito».
En su opinión, no se puede recurrir al argumento de que en España existe un «resquicio legal» para justificar esta postura, porque en este país esté despenalizado el «autoconsumo» y el cultivo privado de cannabis, cuando se está hablando de una entidad que tiene 5.000 socios, una plantación de siete hectáreas y un beneficio de más de un millón de euros en dos años.
El Ayuntamiento de Rasquera ha presentado un informe jurídico, científico, técnico y económico elaborado por dos despachos de abogados barceloneses que avala el proyecto, por entender, entre otras cosas, que el consistorio actúa como «intermediario» en la creación de la plantación.

Llegan los primeros euros
El Ayuntamiento de Rasquera percibió ayer los primeros 30.000 euros del convenio para que la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda) pueda plantar cannabis en unos terrenos cuyos propietarios los ceden al Consistorio para que éste controle el proceso. El alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, y el presidente de Abcda, Vojislav Djordjevic, firmaron el jueves en el edificio consistorial este contrato, aprobado en el pleno del pasado miércoles, por el que el Ayuntamiento recibirá 6.000 euros más dentro de un mes y 1,3 millones en los próximos dos años. Según fuentes municipales, «la Universidad de Salamanca y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías se han interesado por el proyecto».