Partidismo con los desahucios

Andalucía está siendo golpeada seriamente por la crisis. Sólo en los primeros seis meses del año se consumaron más de 7.000 desahucios en la región. La gravedad del problema aconseja que los grupos unan sus fuerzas y que el asunto se aborde con la altura de miras que requiere. A un lado deben quedar tanto la confrontación como la carrera desaforada por ganarse a los miles de afectados, aunque sea a costa de propuestas irrealizables. Los pasos dados ayer por el Gobierno central y por la Junta llaman la atención. El Consejo de Ministros aprobó fijar unos parámetros económicos para que las personas afectadas por desahucios puedan acogerse a una moratoria de dos años. También anunció el Gobierno que se creará un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, a precios especialmente bajos, para quienes no tengan una casa. Mientras esto ocurría en Madrid, en el Parlamento andaluz los socios del bipartito (PSOE-IU) sumaban sus votos para oponerse a una iniciativa del PP que reclamaba que la Junta pusiera a disposición de las personas más necesitadas y perjudicadas por la crisis parte de las 70.000 viviendas con las que cuenta la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), reorientando así la actividad de esta entidad, que se ha reducido drásticamente debido a la ausencia de obra pública. La medida es razonable y se incardina en los objetivos que tanto PSOE como IU defienden, de ahí que sea difícil explicar su voto en contra, más allá de un posicionamiento puramente partidista.