Inmigración ordenada

A un año de que expire la segunda Legislatura socialista, la gestión de la inmigración tampoco será un éxito del Gobierno. El efecto llamada del «papeles para todos» marcó una política repleta de errores, condicionada por la demagogia de un progresismo lesivo para los intereses generales. Tres años de crisis han alterado los rasgos superficiales del problema, pero las razones de fondo permanecen y se han agravado en parte por el impacto del desempleo. El Gobierno no lo ve así. Ayer, la secretaria de Estado del ramo, Anna Terrón, aprovechó la presentación del Anuario de la Inmigración en España 2010 para describir un panorama idílico con problemas puntuales «enormemente amplificados». Que la entrada de nuevos extranjeros a España se haya reducido «a prácticamente cero» debido a las dificultades para encontrar empleo no quiere decir –a diferencia del diagnóstico del Gobierno– que el panorama sea más estable. El Ejecutivo está, sin duda, menos expuesto, porque las imágenes de los cayucos o las pateras son ahora mismo casi excepcionales, pero es un error vender una calma que oculta una realidad sombría. Los datos de Cáritas Diocesanas estiman que hay como mínimo 100.000 personas más en situación irregular desde 2008 como consecuencia de haber perdido su puesto de trabajo. La bolsa de extranjeros sin los documentos en regla ronda el medio millón de personas. Hablamos además de que el número de extranjeros en paro superó el millón en 2010 y de que uno de cada cuatro desempleados que generó la crisis pertenecía a este colectivo. Es una situación compleja e incontrolada, porque se mueve en actividades sumergidas y en una economía casi de supervivencia. Lo que no ayuda es que la Administración se ponga de perfil cuando, por ejemplo, instituciones como Cáritas constatan que la crisis ha acentuado la imagen negativa que la ciudadanía tiene de los extranjeros, ya que en muchos casos se les culpa de las dificultades del país.

El problema sigue sin resolverse y puede empeorar si no se toman las medidas necesarias y a tiempo. Los expertos del Anuario de la Inmigración pronosticaron ayer un «nuevo choque migratorio» a mitad de la década por el «gran agujero demográfico» de España. Los números no cuadran y cuando el mercado de trabajo vuelva a necesitar mano de obra no la encontrará, debido a los efectos de la baja natalidad y porque los jóvenes inmigrantes han abandonado el país. Muy probablemente será un Gobierno de otro signo político el que estará obligado a afrontar la cuestión con el sentido común que ha faltado en estos años. España necesita a los inmigrantes, y no se puede cuestionar su aportación a la prosperidad del país en los mejores años del ciclo económico, pero es preciso aprender de los errores y entender que este fenómeno debe ser legal y ordenado y siempre en función de la capacidad de acogida derivada del empleo y de las posibilidades de las administraciones para prestar los servicios públicos. Un sistema, en definitiva, sustentado en el principio de que los extranjeros tengan los mismos derechos que los nacionales, pero también iguales deberes.