Engaño a los catalanes

El portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha intentado, una vez más, hurtar a los electores catalanes uno de los aspectos clave de la pretensión independentista –el que la región quedaría automáticamente excluida de la Unión Europea–, con lo que vulnera el derecho de los ciudadanos a disponer de una información exacta y veraz que les permita formar su criterio. Si votar a CiU en las próxima elecciones autonómicas supone hacer una apuesta decidida por la secesión, tal y como ha proclamado Artur Mas, la mínima ética política que cabe exigirle a los convergentes es que expliquen todos los pormenores que conlleva adoptar esa decisión. Pero muy al contrario, los portavoces de la Generalitat, cuando no su propio presidente, mantienen la ficción de que la Unión Europea no tiene una posición definitiva sobre las consecuencias que acarrearía la segregación de un territorio en cualquiera de los estados que la integran. Ciertamente, no es una estrategia exclusiva de los nacionalistas catalanes, puesto que el presidente escocés Alex Salmond también ha resultado ser un consumado seguidor de la ocultación y las medias verdades, lo que le ha supuesto la apertura de un procedimiento de reprobación parlamentaria, pero posee el agravante de la persistencia calculada en el equívoco. Tanto Artur Mas como Francesc Homs saben de sobra que la Comisión Europea no se pronunciará oficialmente sobre las consecuencias legales de una hipotética independencia de Cataluña hasta que no sea requerida institucionalmente por el Gobierno español o, incluso, por cualquier otro Gobierno de la UE, y tratan de manipular esa convención extendiendo la falacia de que «hay diversas opiniones» en el seno de los socios comunitarios. Pues no, rotundamente no. No hay división de opiniones ante una hipótesis que ya se ha planteado a la Comisión en otras ocasiones y que siempre ha tenido la misma respuesta: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro dejara de pertenecer al Estado en cuestión, por ejemplo porque se convirtiera en un país independiente, los tratados comunitarios cesarían de aplicarse en ese territorio». El entrecomillado anterior pertenece a la respuesta que dió en 2004 Romano Prodi, ex presidente de la CE, a una pregunta parlamentaria y fue recuperada ayer mismo por el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, quien aprovechó para recordar que «la ciudadanía de la Unión Europea, tal y como está definida en el Tratado, debe estar vinculada a la ciudadanía de uno de los estados miembros». Éstos son los hechos, la realidad que conforman las leyes europeas, y parece necesario que los votantes catalanes lo sepan y lo puedan valorar antes de depositar su voto el próximo 25 de noviembre sin llamarse a engaño.