La doble cara del embargo: veinte años de impagos

Madrid- Tras el embargo del jueves, el Santa Illa School recuperó ayer la calma, aunque sólo a medias. No había clase, pero la decisión del Ministerio de Empleo de ordenar la devolución del mobiliario a sus instalaciones garantiza a las familias de los 160 alumnos que, al menos hasta el final del presente curso, puedan continuar allí sus estudios.

Aunque más allá de la comentada hora a la que se hizo el embargo, especialmente la circunstancia de que los niños se convirtieran en testigos de la salida de sus pupitres, sillas y pizarras, el episodio del jueves vino a retratar una realidad de impagos y deudas que viene de lejos. La Tesorería General de la Seguridad Social confirmó ayer que la sociedad anónima Santa Illa ha rechazado sistemáticamente las soluciones que se le han ofrecido a su propietario, Iñaki Santa, como, por ejemplo, el pago fraccionado de la deuda. El auto del juzgado de lo contencioso-administrativo que autorizó la retirada de los muebles, con fecha de 22 de diciembre, subraya que la deuda total con la Seguridad Social asciende hasta los 992.263 euros. Una situación a la que se ha llegado, según fuentes del Ministerio de Empleo, por el impago de las cuotas sociales de sus empleados y de las cuotas empresariales durante más de veinte años. El expediente que ha dado pie al embargo se abrió en 1991 y, a lo largo de estas dos décadas, Iñaki Santa habría recibido decenas de notificaciones a las que nunca dio respuesta. Incluso el centro llegó a hacer caso omiso a la petición de entregar una relación de los bienes de su propiedad para saber si el embargo podría convertirse en una garantía de pago. Ya en 2010, los responsables de este colegio privado de Chamartín negaron la entrada a sus instalaciones a los técnicos de la Administración.

A pesar de todo, la devolución de los bienes retirados no supone la paralización del embargo. Durante estos meses, el director se convertirá en administrador de esos bienes, que, sin embargo, no podrá vender ni dar otro uso que no sea el de garantizar a los alumnos del centro privado la finalización del curso con normalidad. En sus hasta ahora únicas palabras ante los medios, Iñaki Santa reconoció ayer la deuda y confirmó que los tres últimos años están siendo muy duros por la crisis. El propietario también incidió en que algunas familias no están pudiendo pagar la cuota mensual, que oscila entre los 400 y los 700 euros por alumno.

La otra gran polémica, la presencia de los alumnos durante el embargo, también podría haberse evitado. De hecho, el fax que confirmaba que los bienes serían retirados en las próximas horas llegó a las tres de la tarde del miércoles. Una hora que pondría en entredicho la versión de los responsables del centro de que no tuvieron tiempo material para avisar telefónicamente a los padres.

Sobre el futuro del centro, Iñaki Santa expresó su voluntad de llegar a un acuerdo con la Seguridad Social para seguir el curso que viene: «No hemos nacido para vivir de aquí a junio. Llevamos 53 años funcionando y esperemos que estas cosas no nos paren».