Defensa unánime de la Audiencia ante los que piden su desaparición

MADRID-El cuestionamiento que se viene produciendo últimamente respecto a si debe continuar la Audiencia Nacional en un escenario donde no exista el terrorismo de ETA ha provocado la reacción unánime de todas las asociaciones y de los principales responsables de la propia Audiencia en favor no sólo de su continuidad como tribunal especializado, sino en la necesidad de reforzar sus competencias. El último en sumarse a este cuestionamiento ha sido el presidente del TC, Pascual Sala, quien, en la entrevista publicada ayer por LA RAZÓN, señaló que la Audiencia debe contar «con competencias bien delimitadas...Yo le daría esas competencias si se quiere mantener y, si no, la Audiencia Nacional no es un tribunal absolutamente necesario, no porque exista o no exista ETA, sino porque el resto de la organización judicial podría desempeñar sus funciones».

Las opiniones de los jueces y los responsables de este tribunal recabadas por LA RAZÓN han sido unánimes en defensa de esta sede jurisdiccional. Así, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, incidió en cuatro ideas principales: «Si la Audiencia Nacional no existiera, habría que crearla. España necesita, entre otras cosas, la seguridad jurídica que ha demostrado la Audiencia. Aunque no exista ETA, debe seguir sobre todo por lo que afecta a la criminalidad organizada a nivel transnacional y por su papel en la cooperación internacional».
Así, respecto a la seguridad jurídica, puso como ejemplo, la reciente «operación Emperador», vinculada a la mafia organizada china en España, «en la que se investiga delitos de gran trascendencia económica que afecta a la economía nacional».

Por su parte, Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia, recordó que ésta no nació sólo por el fenómeno del terrorismo, sino que se le otorgaban otras competencias para investigación y enjuiciamiento, como grandes defraudaciones económicas, lucha contra redes de narcotráfico, falsificación de monedas, etc.». Ante un hipotético fin de ETA, abogó por la permanencia de la Audiencia: «Debe continuar, siempre que se refuercen las competencias en la investigación, y, en especial, para el crimen organizado transnacional y la gran delincuencia económica-financiera, porque , en definitiva, se trata de una jurisdicción ordinaria especializada».

Junto a ello, añadió, «no podemos olvidar el papel que desempeña en el campo de la cooperación jurídica internacional (OED , extradiciones, etc).

También hubo coincidencia entre las asociaciones judiciales. Así, Carmen Frigola, presidenta en funciones de la Asociación Profesional de la Magistratura, destacó que la Audiencia «tiene todo su sentido incluso en un escenario sin ETA», porque hay otros delitos que por su «trascendencia, enjundia y volumen exigen unos medios periciales, etc., que es muy difícil que tengan órganos que no estén especializados.

Joaquim Bosch, portavoz de JpD, recalcó que la existencia de terrorismos distintos al etarra y las grandes mafias internacionales justifican su permanencia.

Cambios en la APM tras dimitir Chamorro
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre jueces y magistrados, llevó ayer a cabo un «reajuste» en su dirección motivado por la dimisión de su presidente, Jesús Chamorro, el pasado día 23, que derivó en un cambio en la portavocía. Hasta ahora, ese cargo estaba ocupado por Pablo Llarena, quien será sustituido por Maite Sáez, magistrada de una sección de lo Civil de la Audiencia Provincial de Málaga, según fuentes jurídicas. El Comité Ejecutivo de la APM decidió ayer igualmente adelantar a marzo su congreso, informa F. V.