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Acusan a la Junta de Andalucía de autorizar minas con grave riesgo ambiental

El dirigente de Greenpeace España Julio Barea ha criticado que la Junta de Andalucía autorice e incluso subvencione minas con un grave riesgo ambiental y le ha urgido a que no permita "un nuevo Aznalcóllar", en alusión al desastre ecológico ocurrido en esta mina de Boliden en 1998.

  • Acusan a la Junta de Andalucía de autorizar minas con grave riesgo ambiental
    Acusan a la Junta de Andalucía de autorizar minas con grave riesgo ambiental
Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

23 de octubre de 2010. 16:52h

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Sevilla. 23/10/2010

Barea ha recordado, en declaraciones a Efe, que ayer se produjo un nuevo vertido de aguas residuales mineras, esta vez en Mina Las Cruces, la mayor explotación de cobre a cielo abierto, ubicada cerca del área metropolitana de Sevilla.
      
"No nos podemos permitir un nuevo Aznalcóllar y tenemos un montón de balsas (de residuos mineros) en Andalucía que podrían resultar accidentadas o tener algún tipo de vertido; tenemos que atajarlo lo antes posible y más vale prevenir que curar", ha enfatizado.
     
Para el dirigente de Greenpeace, la "permisibilidad absoluta" de la Junta de Andalucía con empresas mineras peligrosas para el medio ambiente se entiende menos después de que esta comunidad autónoma haya sufrido en las últimas décadas algunos de los accidentes mineros más graves de Europa por su impacto ambiental.
     
Ha recordado que el desastre ecológico de Aznalcóllar costó unos 250 millones de euros a las arcas públicas y que Boliden se marchó sin pagar nada y tras dejar en la calle a cientos de mineros y sin trabajo, a cientos de agricultores y ganaderos cuyas fincas quedaron contaminadas.
      
"La Junta de Andalucía sigue apostando por este tipo de actividades de una manera irresponsable e incluso financiándolas", ha aseverado.

Barea ha destacado la peligrosidad de Mina Las Cruces, que tras el vertido de ayer acumula dos expedientes sancionadores relevantes de la Junta de Andalucía y un proceso judicial por haber contaminado un acuífero, incumplir requisitos de la autorización para su funcionamiento y realizar vertidos de aguas residuales.

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