Las redadas contra inmigrantes llegan a Cáritas

También ocurre en los centros de Cáritas. Concretamente, un tercio de los 56 centros repartidos por toda España recibieron el pasado año visitas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, «con distinta periodicidad», acuden «para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes» que acogen. Eso sí, si al no existir orden judicial ni delito, Cáritas no facilita ningún dato.

Momento complejo
Así lo afirmó la ONG durante la presentación ayer del informe «La situación social de los inmigrantes». Un informe que «no es un estudio de la inmigración, sino sobre la percepción del trabajo directo de los centros de Cáritas» con este colectivo, afirmó ayer el secretario general de la ONG, Sebastián Mora. El informe, dice Mora, se presenta en un momento «oportuno»: hace un año que se llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería; vivimos en un momento socioeconómico muy «complejo»; las elecciones están a la vuelta de la esquina y los inmigrantes pueden ser «instrumentalizados»; y, algo preocupante, «la percepción social de la inmigración ha sufrido una regresión». De hecho, el 56 por ciento de los centros tacha la actitud de la sociedad como «negativa».

En este sentido, Ana Abril, directora de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas, cree que los controles policiales producen un «efecto en la ciudadanía». «Cuando se para a los inmigrantes en la calle, se les asocia al delito», añadió. No sería esta la única discriminación. Otro perjuicio afecta a su empadronamiento por parte de los Ayuntamientos. Los Consistorios ponen más «barreras» –o niegan directamente el padrón– a los inmigrantes que a la población autóctona. Un ejemplo sería la exigencia de tener al día la célula de habitabilidad.

Gracias a datos facilitados por Comisiones Obreras, el informe estima que, de los 4.300.000 extranjeros que viven en España, entre 400.000 y 800.000 se encuentran en situación irregular. De los 400.000 extranjeros que atiende Cáritas, 150.000 no están regularizados –más de un tercio del total de los irregulares en España–.

Cáritas ha alertado también del aumento de la irregularidad sobrevenida, es decir, aquellos inmigrantes que, pese a estar regularizados, han pasado a ser ilegales al no poder renovar su autorización de residencia o de trabajo. Hasta un tercio de los atendidos en Cáritas vive esta situación. No en vano, recuerdan que la crisis ha azotado especialmente al colectivo.

Cáritas ha recordado que la Encuesta de Población Activa sitúa la tasa de paro inmigrante en un 30,2 por ciento. De hecho, un 50 por ciento de los centros afirma que la «mayoría» de los inmigrantes que acogen están en paro y un 33 por ciento asegura que son «muchos». Cáritas también subraya que hay unos 500.000 extranjeros dedicados a la economía sumergida.


«Temes hasta a los vigilantes del metro»
Ocurrió en 2009. René Maldonado volvía de una reunión con una asociación chilena. Accedió al metro en la estación de Legazpi. «Había policías en el andén», recuerda. «Me preguntaron por los papeles, y no los tenía. Nos llevaron a mí, a otro chico boliviano y a una mujer en un coche particular hasta comisaría», afirma. Este chileno, actualmente en situación de arraigo, pasó 20 horas en comisaría. «Y eso gracias a pertenecer a una ONG, porque acudió nuestro abogado. Los de oficio tardan mucho más». De hecho, dice, hay «quien ha pasado en comisaría una semana». Cuenta que el chico boliviano fue golpeado. «A mí no me pasó nada. Yo soy muy callado y no discuto. Y este chico protestaba», dice. Ahora, René colabora con la asociación de inmigrantes Ferine y afirma que «todos los días recibimos denuncias. Gente que sacan de los locutorios... Temes hasta a los vigilantes del metro».