Los constructores advierten de que la situación del sector es extrema

El sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más delicados. Ya lo atravesaba antes de que Fomento anunciase un recorte de 6.500 millones en la inversión en infraestructuras –paliado ahora en 500, según ha declarado José Blanco–, una medida que amenaza con ahondar su ya gravísima situación. Por eso, la reunión que hoy iban a mantener los presidentes de las principales constructoras con José Luis Rodríguez Zapatero se antojaba como una gran oportunidad para que el sector pudiera exponer al presidente fórmulas para mejorar la situación. Pero habrá que esperar.

Mientras llega el momento del encuentro, los constructores siguen defendiendo la necesidad de poner en marcha alternativas que eviten la destrucción de los hasta 160.000 puestos de trabajo que calculan que se perderán con el recorte de 6.500 millones en un sector que sólo en el último año ya ha destruido 300.000 empleos, según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Ayer, David Taguas, presidente de la patronal de las grandes constructoras, defendió la necesidad de que Fomento ponga en marcha cuanto antes el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que contempla la financiación privada para la construcción de obra pública. Taguas explicó que la salud de los mercados financieros «ha mejorado» y que su lanzamiento es ahora más factible. Desde Fomento aseguran que la intención manifestada por Blanco a finales de julio de comenzar a licitar obras con el plan antes de que acabe al verano sigue en pie y que lo que ahora se está haciendo es definir qué proyectos se incluyen en el mismo.

Taguas avisó de que si no se hace nada, la situación del sector, que está atravesando ya una situación «extremadamente delicada», empeorará todavía más, pues el recorte de las licitaciones y la nueva ley de morosidad podría provocar la desaparición de un número «imprevisible» de empresas. Ya el pasado año, y sin plan de ajuste mediante, desaparecieron unas 25.000 empresas, un 21,4% de las que existían en 2008, según datos del estudio sobre el sector de la casa de análisis DBK, que cifra en un 11% el retroceso de la construcción para este año.

Ayuntamientos
Al problema del recorte de Fomento se suman, en el caso de los grandes grupos con divisiones de servicios, los 3.400 millones que les adeudan los ayuntamientos por los contratos de limpieza o recogida de basura. Según explican desde el sector, la solución a este problema es más acuciante que los entre 15.000 y 20.000 millones de euros que calculan que les deben las administraciones públicas, porque esos 3.400 millones son necesarios para continuar con la actividad. «Las empresas necesitan ese dinero para pagar los salarios de sus empleados y seguir con su actividad», explican los consultados.

Obra pública y retorno fiscal
Uno de los argumentos que el sector de la construcción esgrime de forma recurrente para defender la inversión en infraestructuras es que, a largo plazo, son obras que se autofinancian en buena medida. Según cálculos realizados por Seopán, asociación que agrupa a las grandes empresas constructoras, de cada cien euros que el Estado invierte en infraestructuras un total de 59 euros retornan a las arcas públicas en forma de pago directo del IVA (18%), IRPF de los trabajadores (5%), cotizaciones sociales ligadas al empleo (11%), impuesto sobre sociedades (3%), ahorro por prestaciones de desempleo (20%) y 2% en otros impuestos intermedios.