Control político

El Gobierno no hace nada para despolitizar los órganos reguladores. Ayer mismo, el Consejo de Ministros nombró al secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Bernardo Lorenzo Almendros, nuevo presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este nombramiento sólo es el primero, ya que queda pendiente el del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que cabe suponer que también será un técnico vinculado al Ejecutivo y al PSOE, consumada ya la designación de dos nuevos consejeros: la ex vicelendakari Idoia Zenarruzabeitia y el profesor Tomás Gómez San Román. De esta forma, el Ejecutivo se garantiza que los máximos responsables de la CMT y la CNE sean figuras que estén en sintonía con los postulados socialistas, con lo que se aseguran el control de estos organismos. Una vez más asistimos a la utilización de las instituciones por parte del Gobierno, una práctica poco democrática por mucho que la vistan de lo contrario al llegar a pactos puntuales con los partidos minoritarios de la Cámara Baja, que no tienen por qué significar que la elección se caracterice por la pluralidad. Nada más lejos de la realidad.

Debería ser un imperativo democrático que los nombramientos en los órganos reguladores estén marcados por un amplio consenso y que las personas para desempeñar tal cometido sean elegidas por sus méritos y prestigio profesionales. En ese sentido, el Partido Popular presentó el martes una iniciativa en la que instará al Gobierno a que la elección requiera acuerdos entre los grandes grupos políticos y que los presidentes de dichos órganos precisen del respaldo de las tres quintas partes del Congreso. Esos requisitos acabarían con las sospechas de sometimiento al poder y aportarían calidad al funcionamiento de nuestra economía, además de brindar seguridad y fiabilidad a los futuros inversores. El PP, temiéndose lo peor, ya ha anunciado que si llega al poder en 2012 destituirá a todos los consejeros de los órganos reguladores nombrados en esta Legislatura en la Comisión Nacional de Competencia (CNC), la CNE y la CMT, y a los nuevos organismos de regulación postal y del juego. Lo que pretende en definitiva el PP es que se siga el procedimiento que está estipulado en Estados Unidos.

Sin embargo, nos encontramos en un escenario bien distinto, en el que el actual Ejecutivo se siente muy cómodo. Lógico ya que la designación por simpatías políticas le permite asegurarse el control de organismos importantísimos de la economía española ante la posibilidad de que pasen a la oposición y así poder entorpecer la labor del futuro Gobierno. Sin ser ilegales, estas maniobras deberían estar desterradas de la actividad política, porque desacreditan a quienes las ejercen y ponen en duda la profesionalidad e integridad de los máximos responsables de los organismos reguladores, que deben estar al margen de cualquier vaivén político.