La primera ley sanitaria de la era Pajín disparará la burocracia

La Ley General de Salud Pública, norma «estrella» heredada de Trinidad Jiménez con la que Leire Pajín pretende desembarcar definitivamente en el mundo sanitario, no para de sufrir reveses antes incluso de ver la luz.

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MADRID- Hace meses, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad tuvo que renunciar a su gran proyecto de crear en España, por medio del texto legislativo, un gran Centro para el Control de las Enfermedades, similar al célebre Center for Disease Control (CDC) de Atlanta, en Estados Unidos.

La razón fue el rechazo de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a autorizar la puesta en marcha de nuevos órganos administrativos generadores de gasto en un momento de imperiosa necesidad de recortar el déficit público en nuestro país. El último golpe al anteproyecto no ha llegado esta vez del Gobierno, sino de las comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, recelosas de sus competencias y quejosas de algunos puntos oscuros del texto. Entre ellos, figura la multiplicación del aparato burocrático que se derivaría de su puesta en marcha en los términos actuales, así como la ausencia de un análisis en profundidad del impacto económico de la norma, más allá de las vagas explicaciones recogidas en la memoria justificativa.


Marcha atrás de Sanidad
Según ha podido saber este periódico, representantes de varias autonomías expresaron sus quejas al Ministerio de Sanidad en la reunión que se celebró en Madrid el pasado 13 de octubre, con el fin de preparar el Pleno del Consejo Interterritorial del lunes siguiente, en Palma de Mallorca. En concreto, según fuentes presentes en el encuentro, numerosas comunidades lamentaron la proliferación de órganos de nuevo cuño, algo que, a su juicio, dispararía la burocracia, y echaron en cara incluso al Ministerio que acudiera a la cita sin incorporar al texto las alegaciones que le habían formulado previamente.

Tan hondo fue su enfado, que el propio secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, decidió retirar el anteproyecto del orden del día del Pleno de Mallorca, y aplazar el análisis y el visto bueno del máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica para una mejor ocasión.

La última versión del anteproyecto legislativo, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, justifica en parte las críticas de las Consejerías y, como ya hacía en versiones anteriores, no repara a la hora de desplegar un nuevo entramado de estructuras administrativas de abultadas competencias y difusa ubicación en el organigrama ministerial. El artículo 106, dedicado a «la organización de la salud pública», regula estos órganos.

Así, propone la puesta en marcha de un Consejo estatal de Salud Pública que tendría carácter consultivo y en el que participarían desde diputados y senadores hasta altos cargos de diferentes ministerios. También regula la Comisión Permanente de Salud Pública del Consejo Interterritorial, un Centro de Evaluación de Políticas de Salud Pública y Prevención de Enfermedades, un Comité Asesor de Salud Pública, y la Red Española de Expertos en Salud Pública. Además, a lo largo del texto se alude a una Mesa Sectorial de Salud Pública y a la Red de Vigilancia en Sanidad Exterior, así como a otros órganos ubicados actualmente en el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia.


Fusión de normas
Las reformas que pretende introducir el Ministerio por medio de esta norma tienen una carga de profundidad mayor de la que se deriva de una simple lectura del texto, a juicio de las autonomías. Por ejemplo, implicaría cambios de calado en la Ley General de Sanidad de 1986. El Gobierno tendría dos años para fusionar ambas normas en una sola, que pasaría a denominarse Ley General de Sanidad y Salud Pública, de acuerdo con la disposición final segunda. Dicho texto incorporaría también las disposiciones relativas a la Salud Pública incluidas en la Ley de Cohesión de 2003.

Por otro lado, algunos apartados del texto suscitan serias dudas de interpretación en algunas autonomías. Una de las más claras se centra en el establecimiento de un calendario vacunal común en toda España, fijado en el artículo 67. ¿Quiere esto decir que se obligará a las comunidades que ofertan más vacunas a retirarlas para igualarse con los feudos que ofrecen una inmunización menor, o se obligará a éstos a vacunar contra enfermedades no incluidas en sus calendarios? ¿De dónde saldría el dinero entonces?

Finalmente, la ley se adentra en el ámbito laboral y sostiene que los reconocimientos médicos previos a la incorporación a un trabajo son innecesarios, aunque pueden hacerse si se justifican de forma explícita.



ANÁLISIS
Órganos que dejan de ser nacionales
- ¿Dispararán el gasto los nuevos órganos que pretende crear el Ministerio en el área de Salud Pública?

–En principio, no debería ocurrir, aunque existen recelos en las autonomías al respecto, sobre todo porque la memoria económica de la norma no detalla el impacto que tendrá la misma.


-¿Qué fin pretende lograr Sanidad con tanto órgano nuevo?
–Aunque la norma enumera las funciones de los nuevos órganos, no justifica abiertamente la supuesta necesidad de su puesta en marcha. Sanidad quería crear un Centro para el Control de Enfermedades que aglutinase todos los recursos en Salud Pública. Sin embargo, Elena Salgado tumbó la iniciativa por el aumento del gasto.


-¿Qué novedades terminológicas aporta el borrador?
–A diferencia de versiones anteriores, pasa a llamarse «anteproyecto de ley general de salud pública». En partes del texto, y en un previsible intento de no enfadar a las autonomías, habla de órganos «estatales» en vez de nacionales, como en versiones anteriores.