Rajoy y Zapatero logran el pacto anti déficit al margen de Rubalcaba

La negociación en torno a la proposición de ley de reforma de la Constitución para incluir un límite de déficit se cerró hoy alreredor de la 1:10 horas. El acuerdo recoge la reforma de la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas.

Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna, que no recoge ninguna cifra a este respecto, tal y como pretendía el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las concreciones se dejan para la ley orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Se distribuiría del siguiente modo: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del producto interior bruto nacional, en tanto que el déficit estructural en que podrá incurrir cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su producto interior bruto.

Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Mediante la nueva ley, según el acuerdo alcanzado, se fijarán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

Se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.

Respecto a la reforma de la Constitución, debe llegar mañana al registro del Congreso para poder poner en marcha los mecanismos de su tramitación y que durante la próxima semana haya tiempo de aprobarla con carácter de urgencia y por la vía de lectura única.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, han sido los encargados de dirigir la negociación. Los contactos entre ambos han sido «frecuentes y constantes» y estuvieron hablando personalmente estos días sobre el tema. Especialmente intensa fue la larga jornada de ayer, en la que además estuvieron intercambiando documentos que se han desarrollado por parte de las direcciones de los grupos parlamentarios en los que el PSOE ha estado representado por José Antonio Alonso y Fernández Marugán y el PP, por Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro.

Desde las filas del Partido Popular no quisieron revelar el contenido de los textos que se han cruzado apelando a la «lealtad» hacia los negociadores. Aunque, según un comunicado que remitió ayer la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, la negociación se desarrolló de forma «muy fluida y fructífera, como se planteó desde el principio». Horas antes de que se anunciara el pacto alcanzado finalmente, Sáenz de Santamaría manifestaba: «Estamos satisfechos porque este compromiso de estabilidad presupuestaria ha de suponer un avance para la confianza en la economía española, y la base para abordar las reformas que necesita para su recuperación».

El PP no quiso valorar la propuesta que ha hecho pública el entorno del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que la reforma de la Carta Magna para limitar el déficit no incluya cifras concretas, sino que éstas se reflejen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se está negociando paralelamente a la reforma constitucional y que se presentará hoy también en el Parlamento. Fuentes populares subrayaron que quienes dirigieron la negociación fueron Zapatero y Rajoy, y no Rubalcaba, que habría querido hacer pública su iniciativa con el fin de salvar su posición en este tema.

«Parecido a Alemania»
Y es que quien habló de cifras desde un primer momento fue el Ejecutivo de Zapatero que, en boca de su vicepresidenta primera, Elena Salgado, aseguró el martes que las cifras de techo de déficit estarían en torno a cero. Por eso, fuentes populares emplazaron a Rubalcaba a ponerse de acuerdo con el Gobierno en este sentido. El PP nunca habló de cifras, ni ése ha sido su objetivo. Lo que propuso en su día Rajoy fue que se promoviera «un consenso político en España para que la Constitución recogiera los principios de estabilidad presupuestaria» con el fin de estar dentro de la UE. Las cifras se podrán fijar en una Ley orgánica posterior, ya que, según fuentes populares, las debería decidir Europa, porque no se puede estar cambiando la Constitución todo el tiempo. Cuando el líder del PP anunció su propuesta dijo que quería «algo parecido a lo que ya ha hecho Alemania», donde el techo de déficit está en el 0,35.

La portavoz popular destacó la tarde de ayer que están trabajando «por un texto que garantice la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar y el mantenimiento de los derechos sociales gracias a un principio de estabilidad presupuestaria». Según indicaron, durante las negociaciones no han surgido «serias discrepancias».
 
El acuerdo debía cerrarse hoy. Según indicó el presidente del Congreso, José Bono, en el último Pleno, el plazo para presentar una proposición de Ley conjunta expira hoy, cuando cierre el registro de la Cámara Baja, con el fin de que haya tiempo para que se tramite por la vía de urgencia y en lectura única la próxima semana. El martes se llevaría a Pleno, donde tendrá lugar su toma en consideración y el día 2 de septiembre pasará a lectura única. La semana del 5 de septiembre llegará al Senado.

Los nacionalistas catalanes se mantuvieron expectantes ayer. Querían conocer al detalle el proyecto antes de pronunciarse públicamente.

Presión nacionalista
Los principales partidos nacionalistas no quieren dejar pasar de largo la reforma prevista para lanzar nuevos órganos, en busca de intereses que nada tienen que ver con la materia objeto, que no es otra que limitar el déficit. Así, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, afirmó que su partido, probablemente, «aprovechará» la reforma de la Constitución Zapatero para plantear una enmienda sobre el «derecho a decidir». Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, aseguró ayer que al igual que se habla de poner un tope al déficit público en la Carta Magna, ahora también sería bueno poner un «límite a la solidaridad» entre comunidades autónomas.