El Govern multará la prostitución en las carreteras

BARCELONA- Ya lo advirtió el conseller de Interior, Felip Puig, a finales del pasado octubre: el Govern estaba decidido a aprobar una iniciativa contra la prostitución en las carreteras. Dicho y hecho, el Parlament aprobó ayer la sanción sobre el ejercicio de la prostitución en las carreteras catalanas que sean de titularidad municipal, comarcal y también autonómica.

La voluntad del Govern es que los Mossos d'Esquadra también puedan multar a las mujeres que ejercen la prostitución en las vías estatales, pero la falta de competencias le impide a la Generalitat poder llevar a cabo este tipo de acción. Los Mossos no pueden multar a las meretrices, pero sí que pueden imponer sanciones de tráfico. Un lío legislativo previsible que ya pronosticó Puig al desvelar que si la Policía Autonómica no podía multar en todas las vías se «podría provocar el traslado de la prostitución de unas carreteras a otras».

Para poder evitar este trasiego en las carreteras, el Govern ha previsto trasladar al Congreso la petición de que la Policía Autonómica pueda multar la venta de sexo en las vías estatales.
 La medida que afecta a las carreteras catalanas se ha incluido en un artículo de la Ley de Simplificación y Mejora de la Regulación, la primera del conjunto de leyes omnibus y cumple con las expectativas de la hoja de ruta de Puig. El conseller se marcó como meta impulsar una completa reforma legal para acabar con el sexo de pago en las carreteras antes de finalizar este año.

Un plan de actuación integral que pretende combatir la prostitución en la calle homogeneizando ordenanzas municipales–evitando que el fenómeno pase de una localidad a otra–, y regulando la actividad de los prostíbulos y los macroprostíbulos.

Porque no sólo las carreteras están afectadas. Tras sufrir un nuevo destape mediático de sexo en la vía pública en pleno centro de la Ciudad Condal, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, urgió a cambios en la legislación para poder luchar contra la prostitución callejera.

Aunque no se indicaron cuantías de sanciones, la nueva norma permite multar a quienes presten servicios sexuales «en las zonas de dominio público, servidumbre y afectación de las carreteras catalanas» y establece que el Govern realice un «protocolo de actuación y apoyo» a quienes presten servicios sexuales. Los Mossos impondrán las multas y el régimen sancionador dependerá del Servei Català de Trànsit.

Los cambios legislativos de Puig contrastan con la posición francesa. La Asamblea Nacional votó hace dos semanas un proyecto de ley que contempla castigar a los clientes de prostitutas con hasta dos meses de cárcel y unos 3.750 euros de sanción.