Cerrado por obras

El Poder Judicial lleva unido a la palabra «reforma» desde hace multitud de años, y la cuestión es cómo es posible que algo que hace ya tanto tiempo todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria su reforma global no se ha afrontado. Estamos a punto de agotar una legislatura y todo sigue igual. Lo único positivo que tiene estar en un permanente estado de reforma es que mucha gente piensa sobre los cambios y muy bien, con lo cual, se hacen diagnósticos y muchas propuestas, de tal modo que ya casi todo está escrito. Si de la crisis del Parlamento se viene hablando desde hace más de un siglo, el Poder Judicial apareció desde el arranque mismo del Estado contemporáneo como un poder débilmente configurado y deficientemente dotado como organización.

Todo el mundo está de acuerdo en que no basta con el reconocimiento formal de su categoría de poder, sino que hay que dotarlo de las condiciones imprescindibles para alcanzarlo. Nuestra Constitución se fijó en una plena concepción de fortalecimiento del Poder Judicial atribuyéndole la estructura de un verdadero poder, convirtiendo su vocación en una exigencia indeclinable del Estado democrático de Derecho, para su auténtica y plena consolidación. Ahora bien, el Poder Judicial no es el mejor de los campos para la experimentación ni mucho menos para la improvisación, porque cualquier cambio, por pequeño que sea produce una repercusión en cascada cuyos efectos han de medirse bien anticipadamente.

La «reforma» del Poder Judicial requiere un debate profundo, sereno, medido, con el punto de mira en garantizar eficazmente la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, el derecho estrella de nuestro ordenamiento constitucional. Exige además, que las respuestas a ese reto sean adoptadas no mediante imposiciones de mayorías coyunturales, sino mediante un definitivo consenso, muy similar al del Pacto de Estado del año 2001, y eso requiere un gobierno fuerte y sobre todo que quiera y sepa hacer las cosas. Necesita una firme y decidida voluntad política de aplicación y sobre todo su traslado del papel común al Diario Oficial y a los presupuestos públicos.

Pero por encima de todo requiere un poder político que crea en una justicia independiente, y para ello y aunque no sea poder judicial requiere un Ministerio Fiscal, que si bien como en todo el mundo democrático estará unido en la elección de su máximo titular al Gobierno, se le deje trabajar con autonomía, como reza nuestra Constitución, e investigar los delitos y especialmente los de corrupción, allá donde aparezcan, y no dependiendo del color político de sus autores. Al final todo se acabará juzgando por Jueces Profesionales, y es imprescindible iniciar las investigaciones, cuando se tiene conocimiento de indicios delictivos. No es normal que en determinados delitos aparezca una exquisitez técnica primigenia que haga de la investigación, un estado técnico jurídico sobre la naturaleza del delito a investigar, y en otros casos haya una relajación inicial sobre la mera existencia del delito.

Ello produce una fotografía de la Justicia que supone un mal reflejo o retrato de sí misma. J. J. Toharia, una de las personas que más sabe de esto ha dicho que «hay una cierta inevitable mala imagen "estructural"de la Justicia», que no tiene mayor trascendencia. El problema se plantea cuando esa consustancial mala imagen crece más allá de lo razonable y cede el paso al convencimiento generalizado de que las cosas ya no pueden seguir así y que se ha traspasado el umbral de la disfuncionalidad razonablemente asumible; es decir, cuando la idea generalizada es que la Justicia precisa cambios tan profundos que prácticamente equivalen a una refundación.

Se acabó, ya no hay tiempo ni lugar para la discusión, la «reforma de la Justicia» como necesidad política es un objetivo urgente y prioritario de la acción política. Ese «la hora de la Justicia» es un clamor generalizado en nuestro tiempo, sin volver la vista atrás pero revisando aquellos aspectos orgánicos, procesales y sustantivos que sean necesarios, es llegada la hora de formular un nuevo esquema, un verdadero «new deal» judicial. El Estado de Derecho no se agota en su formalización jurídica sino que exige una lucha permanente por su consolidación, tarea que constituye el quehacer esencial del juez, cuya legitimidad democrática está directamente imbricada con la sujeción a la ley.

Pero para ello es necesario buenas leyes, medios suficientes y sobre todo un poder político respetuoso con el Poder Judicial y son sus decisiones, seas cuales sean. No se puede estar distorsionado constantemente la realidad, y así cuando algunas decisiones no gustan, se deben ver como la expresión de la independencia del poder judicial, porque cuando no es así, se convierten en decisiones sometidas a presiones políticas, palabra repugnante en la realidad y más cuando se intenta introducir en el debate jurídico sencillamente porque no se soporta la mera aplicación de la Ley.