El Gobierno Valcárcel garantiza el empleo público en el Pacto Social

Murcia- El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, afirmó ayer que la Comunidad también considera factible establecer fórmulas de colaboración público-privadas en la prestación de determinados servicios de su departamento y que, de hecho, se trata de consorcios que «se mantiene desde hace muchísimos años». En este sentido, el responsable autonómico recordó que aproximadamente un 75 por ciento de los centros educativos de la Región de Murcia son públicos y, el 25 por ciento restante son concertados, de manera que corresponden a la iniciativa privada concertada por la Consejería y, que según apuntó, «es algo que no sorprende a nadie».

De tal forma, Sotoca ratificó que el Pacto Social que las organizaciones sindicales, la patronal Croem y Gobierno murciano esperan firmar mañana, dejará abierta la puerta a la posibilidad de establecer estas fórmulas de colaboración público-privadas en la prestación de determinados servicios de la Administración regional.

En cualquier caso, el titular del ramo explicó que el texto del futuro pacto es un acuerdo marco que «viene a establecer principios generales de diálogo social que tienen que continuar materializándose en convenios más concretos para desarrollar las distintas medidas y principios que incluye».

No obstante, el consejero de Educación, Formación y Empleo quiso resaltar que «no se trata de que esta medida tenga incidencia en el personal de la Comunidad Autónoma de Murcia», e insistió en que «no tienen por qué tener ninguna repercusión en lo que se refiere al mantenimiento de los puestos de trabajo dentro de la Región de Murcia».

En cuanto a la posibilidad de que la Consejería baraje ampliar los horarios de los empleados públicos, Sotoca señaló que existe un mandato por parte de la Ley de Presupuestos que obliga a «sentarnos en las mesas sectoriales correspondientes y hablar de lo que son las condiciones laborales».

Economía sumergida
Por otro lado, Sotoca también confirmó que el Pacto Social incluirá una línea general que establece la puesta en marcha y la elaboración de un plan de lucha contra la economía irregular en la Región de Murcia y que ha de precisar la colaboración de todas las administraciones y que será encomendado a la Mesa de Seguimiento del Pacto por la Promoción del Empleo en un tiempo determinado, que será aproximadamente de seis meses. Y es que, según señaló el responsable regional, «es complicadísimo elaborar un estudio sobre la economía sumergida, porque su propio concepto es no visible, no oficial y no cuantificado», si bien admitió que a veces se barajan cifras sobre el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) y el número de trabajadores afectados «que no dejan de ser meras estimaciones pero no tienen ninguna base de cálculo real».

Reforma laboral
En referencia a la reforma laboral que está promoviendo el Gobierno central, el consejero Sotoca matizó que «tiene la obligación y la responsabilidad» de llevarla a cabo, y destacó que «así lo va a hacer si no hay un acuerdo definitivo entre empresarios y trabajadores». De esta manera respondió ante las declaraciones que realizó ayer el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, quien afirmó que el Gobierno debería legislar ya una reforma laboral y no esperar más a que los sindicatos y empresarios establezcan un acuerdo. No obstante, Sotoca indicó que se debe «esperar hasta el último momento».

Plan para la integración de alumnos autistas
El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, realizó estas declaraciones tras la firma de un convenio de colaboración con la Asociación para Personas con Trastorno del espectro Autista de Murcia (Asteamur), que permitirá diseñar un plan de trabajo personalizado para favorecer la integración de los alumnos autistas en los centros educativos de la Región. Actualmente, en la Comunidad hay 850 escolares con autismo, que dependiendo del grado de afectación, están escolarizados bien en centros de educación especial, en aulas abiertas o en aulas ordinarias. De esta manera, el programa de integración, que comienza este año como una experiencia piloto en 22 centros, está dirigido a alumnos escolarizados en aulas ordinarias y, Sotoca matizó que «el convenio está abierto para que se incorpore cualquier centro».