Lograr que las mujeres denuncien y proteger a quienes lo hacen retos contra la violencia machista

Un pequeño porcentaje de las fallecidas sí había acudido a la justicia, pero no todas obtuvieron una medida de protección o, al menos, no la medida adecuada al nivel de riesgo al que se estaban enfrentando.

Dar respuesta a estas dos cuestiones es el reto más importante en materia de violencia de género del gobierno que se constituirá próximamente en España y, mientras para el primero, los expertos recomiendan "sensibilización, educación y más educación"como "vacuna contra la violencia", para el segundo los técnicos ya se han puesto a trabajar testando un protocolo de evaluación que proporcione a los magistrados elementos de juicio suficientes para dictar el tipo de protección más eficaz en cada caso.

Se trata del nuevo Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, elaborado en el seno del Ministerio de Justicia a petición del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género y del Observatorio Estatal Violencia de Género (Ministerio de Sanidad), que desde hace un mes, se está utilizando ya en las comunidades autónomas donde las competencias en la materia siguen siendo potestad del Estado (Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia y La Rioja). En tres meses deberá ser evaluado.

Según han explicado fuentes de Justicia consultadas por Europa Press, este protocolo de actuación establece una valoración "tridimensional"de la situación de violencia de género una vez que se ha presentado la denuncia, porque analiza la situación de la mujer que ha sufrido la agresión, del hombre que la ha maltratado y de su relación de pareja, de modo que el juez decida atendiendo a todas las circunstancias descritas cómo se debe proceder.

La evaluación se hace a petición del propio magistrado para complementar el atestado que previamente ha realizado la policía sobre la situación de la víctima, puede ser solicitada en los juzgados de guardia, tiene carácter de urgencia, corre a cargo de expertos de los distintos Institutos de Medicina Legal y pone especial atención en el agresor, porque de él depende el riesgo de una nueva agresión.

Las fuentes consultadas explican que se estudia su historial de delincuencia y violencia de cualquier tipo, así como factores de riesgo "empíricamente aceptados a nivel internacional y de los que se sabe que influyen", como la posibilidad de suicido, ya que entre el 38 y el 50% de quienes asesinan a las mujeres se quitan la vida después.

En cuanto a la relación que mantiene con la mujer a la que está torturando, los forenses o psicólogos analizan factores como si hay hijos en común y si estos son menores de edad, si se ha producido ruptura o se han retirado denuncias con anterioridad por violencia de género, entre otros. De la víctima se analiza especialmente "su miedo", pero también su situación personal, si tiene alguna discapacidad, si es extranjera, si tiene familia, etcétera.

Todo este estudio debe estar listo antes de 72 horas y volver a manos del juez para que éste decida si imponer una orden de alejamiento, una suspensión de custodia, un sistema telemático de control de ubicación o cualquier otra medida cautelar de protección que se adapte a las circunstancias concretas de ese maltratador para que la víctima esté lo más segura posible. No siempre será demandado ya que, conforme señalan las mismas fuentes, hay casos en que "es muy evidente"que la mujer está en peligro y no hace falta indagar más.

El magistrado de Valencia José María Gómez, destaca que el valor de este protocolo de actuación es que se ajusta "a la realidad procesal"y se convierte en una herramienta "sencilla y práctica"que permite una evaluación con más garantías. Para el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, la clave está en que "analiza al agresor y da la posibilidad de ver la violencia en los menores".

"Además, permite evaluar los elementos que realmente se traducen en una probabilidad de agresión y hacerlo en un momento distinto y posterior al de la denuncia, lo cual te sirve de contraste de cara a ver la evolución, porque puede ser que en el momento de la denuncia hubiera una situación de riesgo que al momento posterior haya cambiado", ha explicado.

No obstante, no todo son ventajas. En el VI Congreso del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, diversos magistrados pusieron sus dudas encima de la mesa. Para empezar, este sistema requiere de forenses o psicólogos, lo cual es factible en las grandes ciudades y muy complicado en cada pequeño pueblo de la geografía española donde una mujer sea maltratada por su marido.

Además, está pensado para el primer momento, como primera respuesta tras la denuncia y antes de adoptar la medida cautelar, y algunos magistrados especializados en violencia de género consideran que habría que establecer este sistema para todo el proceso judicial ya que sería "útil"disponer de la evaluación de riesgo también a la hora de imponer una condena al maltratador.

Por último, los magistrados consultados por Europa Press ponen de manifiesto el hecho de que las competencias en justicia estén transferidas a casi todas las comunidades autónomas, dejando a elección de los gobiernos regionales adoptar o no el protocolo, generará diferencias en la protección de las mujeres en función de la región en la que residan.