España

La economía en la encrucijada por JUAN E IRANZO

La Razón
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España se está moviendo en la frontera que separa a los países rescatados de los considerados fuera de peligro, con el principal riesgo de enfrentarse a una caída; tal y como lo demuestra nuestra actual «prima de riesgo». Se encuentra en el furgón de cola de la recuperación europea, ya que el crecimiento sigue siendo extremadamente lento y las cifras del primer trimestre del año han puesto de manifiesto la incapacidad de la demanda nacional para impulsar la economía. El lento avance en el proceso de corrección del excesivo endeudamiento de las familias y las empresas, es lo que impide que tanto el consumo como la inversión puedan iniciar su remontada a medio plazo. Por el momento, sólo las exportaciones están manteniendo a flote la economía nacional, pero su capacidad de arrastre también es limitada, debido al reducido tamaño del sector exportador de bienes y al elevado contenido en importaciones de las exportaciones españolas.

Respecto al mercado laboral, en 2010 la población activa creció entre los españoles, pero se redujo entre los extranjeros, tendencia que se ha mantenido durante el primer trimestre de 2011. El número de desempleados se situó en 4,9 millones, lo que dejó la tasa de paro del primer trimestre del actual ejercicio en el 20,3%. Entre los extranjeros, ésta fue del 32%, mientras que entre los españoles fue del 19,3%. Pero como dato impactante, destacar la tasa de paro juvenil que alcanza el 45%. Y para este año, con las limitadas perspectivas de crecimiento, no va mejorar demasiado el comportamiento del empleo, que se espera que se reduzca un 0,5%, elevándose la tasa de paro media anual hasta el 20,4%.

En este panorama desolador, en el que vivimos uno de los episodios más negros de nuestra historia económica, pocos han sido los agentes que han podido sortear las consecuencias de la agudísima crisis que se ha asentado en nuestro país fruto de unas reformas que, o bien han sido demasiado laxas o aún no han llegado a implementarse. Pendiente está la reestructuración de nuestro sistema financiero; postergada la negociación colectiva; incompleto está también el plan de consolidación presupuestaria; parcial es la reforma de las pensiones. Inconclusas, dilatadas, aplazadas, desviadas o sin abordar se encuentran un sinfín de reformas en la mayoría de los segmentos de nuestra economía; sin embargo, nuestro tiempo se agota si atendemos al barómetro de los mercados y a los compromisos con Europa.

La estabilidad del sistema financiero sigue siendo uno de los elementos clave para recobrar la confianza de los mercados. Por ello, el siguiente gran reto contenido en el Plan Nacional de Reformas es el de asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero. Para ello se creó el FROB, para la recapitalización de las entidades, se modificó el régimen jurídico de las Cajas de Ahorro y se sometió a las entidades del sector a test de resistencia para aportar mayor transparencia al sistema. Sin embargo, la incertidumbre sigue cerniéndose sobre el sistema financiero, ya que no sólo no se ha culminado su reestructuración sino que se están introduciendo planes de urgencia adicionales para transmitir señales tranquilizadoras a los mercados internacionales. Con todo, no podemos dejar de afirmar que la reestructuración de nuestro sistema financiero ha empezado demasiado tarde y está durando demasiado tiempo, lo que añade una desconfianza adicional a nuestra elevada prima de riesgo país, si bien tal y como han ratificado los test de estrés la mayor parte de las entidades financieras se encuentran en una buena situación.

Y por otro lado, la reforma de la negociación colectiva es un punto crítico para revertir la tendencia del crecimiento y del empleo. Se debería cambiar a fondo el modelo para que la referencia salarial habitual fuera la productividad en vez de la inflación. Para ello, debe derogarse la ultraactividad, dar prevalencia incondicional a los convenios de empresa y regular, por ley, un marco flexible de modificación de la movilidad geográfica, funcional y de distribución de la jornada de trabajo a lo largo del año que sería el que rigiera, salvo pacto en contrario, en la negociación colectiva. Asimismo, debe abordarse como prioridad la lucha contra el absentismo, dando mayor protagonismo a las mutuas privadas. Además, es obligado simplificar la contratación y reducir los costes de despido y las cotizaciones sociales que soportan las empresas, como mecanismo directo de mejora de la competitividad equivalente a lo que antaño posibilitaban las devaluaciones de la moneda.

En cuanto a la consolidación fiscal, los recortes del gasto público son claramente insuficientes para conseguir los objetivos de déficit establecidos; máxime teniendo en cuenta que el lento crecimiento de nuestra economía limita la recaudación fiscal y ésta no se incrementaría elevando los impuestos. En definitiva, España necesita de una profunda transformación institucional capaz de conciliar el ajuste de la deuda externa con el crecimiento de nuestra economía y, al mismo tiempo, convencer a los mercados de nuestra solvencia.