La Ley del Menor

Con frecuencia, a veces con demasiada, asistimos a una crítica descarnada de la vigente Ley del Menor, como si la misma fuera producto de una «mala tarde» en el Congreso. Y pudiera parecer que el día de su aprobación, los representantes de la voluntad popular andaban distraídos bloggeando o jugando al mus. Pero no es así. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, no es un invento, sino una consecuencia de incorporación al derecho español de las conclusiones alcanzadas por los acuerdos, tratados y convenciones más significativos celebrados a escala mundial. Y si tenemos un poco de memoria, podemos afirmar que en su momento fue justamente considerada moderna e inteligente, a pesar de sus evidentes defectos técnicos. Una Sentencia del Tribunal Constitucional (36/1991, de 14 de febrero), abrió paso a la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y, de este modo, se pudo trasladar al derecho penal y procesal de menores, los derechos y garantías básicas del proceso penal de los adultos. A partir de este momento, el legislador pudo contemplar la singularidad del menor como un «ser diferente» pero responsable de sus actos, y ponderar las condenas hacia un objetivo educacional o terapéutico. ¿Y esto funciona?, dirán Vds. Sería injusto decir que no, al menos en el día a día de la administración de la justicia. La Prensa y televisión, sólo dan paso a los casos más más sórdidos o que causan mayor dolor. Este tristemente famoso proceso ha evidenciado los defectos de la ley: la incapacidad de juzgar de forma conjunta a mayores y menores de edad coautores de un mismo delito; la escasa duración de las medidas de internamiento para casos de extrema gravedad; la imposibilidad de prorrogar el plazo de la detención para verificar las diligencias de la investigación... Debo confesar que me espantan las reformas tras un caso mediático, pues suelen ser improvisadas, cuando no electoralistas; pero igualmente se debe reconocer la frustración del país por un resultado que no da la sensación de haber impartido justicia.