Rajoy impulsará una ley para acabar con la mala gestión pública

En su estrategia para llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy dio ayer un salto adelante al introducir en su discurso de campaña la enumeración de las que serán las primeras decisiones que adoptará cuando llegue a la Presidencia del Gobierno. Ayer no habló el candidato sino el presidente, aunque el candidato sí se cuidó de precisar que su proyecto de recuperación nacional depende de que así lo quieran los españoles. Tanto se metió Rajoy en ese traje presidencialista que ignoró a su adversario político, el candidato socialista, y prefirió situarse en el 21-N y en el programa de reformas que llevará a la práctica con «diálogo» con todos, según reiteró en varias ocasiones.

Ese proyecto de recuperación nacional que «no se conforma con el fracaso socialista» se sostiene de partida en dos patas: la reforma de la Administración Pública para «hacer más con menos» y que «en cada competencia gaste sólo una administración», y un plan de regeneración institucional que promete que ayudará a sentar las bases de la recuperación económica y a devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en los políticos.

Responsabilidades
Del decálogo de propuestas que ayer sembró, colocó en primer lugar el compromiso de acabar con la actual impunidad que protege al político que gestiona mal los fondos públicos. Su intención es reforzar los controles previos y endurecer las «responsabilidades exigibles» para garantizar que «un gestor no adquiere compromisos de gasto sin respaldo presupuestario». Una reforma que no iría tanto contra el que mete la mano en la caja como contra el que deja la caja llena, por ejemplo, de facturas pendientes, como han hecho algunos de los ex presidentes autonómicos socialistas.

Rajoy clausuró ayer en Zaragoza el foro del que se esperaba que saliese la letra pequeña del plan que prepara el PP para simplificar la Administración, eliminar duplicidades y reordenar el sistema competencial territorial. Pero esa letra pequeña la diluyó con el compromiso electoral de que nada más llegar a La Moncloa promoverá un pacto territorial por la austeridad y la eficiencia y para acabar con los solapamientos. Sus instrumentos para ese acuerdo nacional serán la Conferencia de Presidentes autonómicos y la FEMP, dos organismos que tras las últimas elecciones autonómicas y municipales han pasado a estar controlados por el PP.

En un mensaje trufado de sonoros ideales políticos se colaron proyectos como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que exige la reforma constitucional aprobada con el PSOE en los estertores de esta Legislatura; una Ley de Unidad de Mercado, o una Ley de Transparencia, buen Gobierno y acceso a la Opinión Pública, uno de los compromisos que Zapatero deja sin cumplir.

Fuera del discurso puramente económico y centrado en el lema del empleo, esta última iniciativa será la otra gran bandera de Rajoy para estas elecciones. Aznar también llegó en el 96 a La Moncloa con una promesa de regeneración democrática bajo el brazo y esta idea ha estado presente en todos los programas electorales que desde entonces ha elaborado el PP. Suena bien a la calle, cosa que en Génova tienen en cuenta, y además a Rajoy le sirve para escenificar que se siente libre de hipotecas que condicionen su independencia. Como objetivo de gobierno se fija el ideal de prestigiar «la vocación de servicio público del político». Frente al desprestigio que hoy proclaman los estudios de opinión pública, él quiere que cuando se hable de los políticos se piense en «honradez, respeto, interés general y servicio al bien común».

Dentro del paquete «regeneracionista» incluyó la reforma de la ley de subvenciones para acabar con las que «tienen nombre propio y ninguna causa justificada» o para que las ayudas con cargo al contribuyente estén siempre sometidas al principio de libre concurrencia; así como la reforma de los organismos reguladores, para cambiar el sistema de nombramiento, reforzar las mayorías necesarias para su elección y eliminar algunos de los creados por el PSOE en sus años de gobierno.

En el plano teórico, Rajoy reivindicó su compromiso con la reducción de la burocracia y con una política basada en menos leyes y más claridad. Todas las que él apruebe, «que serán pocas», llevarán una memoria de impacto regulador. «El objetivo es que sea posible constituir una empresa en menos de 24 horas». Y concluyó con un significativo guiño a los funcionarios públicos, a los que pidió esfuerzo y colaboración, pero también les reconoció su trabajo.

LA CITA
El 18 de octubre
el presidente del Partido Popular mantendrá un encuentro con empresarios vascos, a quienes explicará sus propuestas para generar empleo, como la Ley de Emprendedores, y para reactivar la economía.