Cataluña
La sanidad catalana a debate
El copago se postula como una de las soluciones más idóneas para preservar la sostenibilidad sanitaria.
BARCELONA- El modelo sanitario catalán peligra. La crisis y las últimas medidas tomadas por el Gobierno han agravado la histórica infrafinanciación en la que se sustenta un servicio público que la propia consellera de Salud, Marina Geli, define de «frágil». «El debate de la sostenibilidad del sistema se ha hecho presente ahora más que nunca», declara Geli. Cabe señalar que Cataluña no ha escatimado esfuerzos a la hora de plantear al Ejecutivo, una y otra vez y desde hace cinco años, la necesidad de abrir un debate sobre la financiación de la sanidad pública. Pero el Gobierno hace oídos sordos y posterga la toma decisiones año tras año. Ahora, y dada la crudeza de la situación, Cataluña se pone firme. «Exijo totalmente ya un debate estructural», insta Geli, que incluya lógicamente la implantación del copago sanitario.Según la consellera, que cuenta en este aspecto con el apoyo de las patronales sanitarias catalanas y de CiU, es el momento de implementar una medida que permita regular la demanda asistencial. Geli defiende, concretamente, un copago «voluntario» que implique beneficios fiscales para los ciudadanos que tienen contratada una mutua, porque «yo prefiero dejar los servicios y actuar en función del nivel de renta», afirma la titular de Salud. El objetivo de esta iniciativa política no es castigar a los usuarios sino compensar a aquellos que contribuyen a descongestionar el servicio. Pero Cataluña persigue que la iniciativa sea acogida por todas las CC AA y que la decisión sea a nivel nacional. Sin embargo, a corto plazo es impensable que el Gobierno decida cruzar esta «línea roja», aunque admite estar estudiando la medida desde hace 20 años. Los gobiernos autonómicos están solos frente al reajuste de sus presupuestos sanitarios.Mientras tanto, centros médicos, públicos y concertados, personal sanitario y farmacéuticos se aprietan el cinturón para minimizar los efectos de la crisis sin que el paciente vea mermados sus derechos asistenciales y la calidad del servicio recibido.
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