Aguayo minimiza los varapalos a las encomiendas

Las sentencias que anulan las encomiendas de gestión dictadas por la Junta de Andalucía protagonizaron ayer buena parte del debate parlamentario. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, los efectos de tales resoluciones –que dejan sin efecto las derivaciones de funciones hacia empresas públicas, sin contar con los propios funcionarios de la Junta– han tenido un «alcance limitado» porque la Administración «se ha reorganizado en función de lo que nos ha dicho la Justicia». Aguayo justificó la utilización de este procedimiento –la Junta ha seguido realizando encomiendas de gestión a pesar de los numerosos varapalos judiciales– y señaló que las sentencias «no han afectado a los órganos administrativos ni se han anulado políticas públicas».

De hecho, puntualizó que «sólo afectan a actos de gestión», por lo que «no afectan a los ciudadanos». También quiso aclarar que con la obligada reforma de la función pública derivada de los fallos judiciales «se ha reforzado lo público y no se ha privatizado ningún servicio».

Por su parte, el parlamentario del PP Jorge Luis Ramos dudó de la aplicación de tales sentencias porque «se refieren a hechos consumados». Ramos insistió en que el Gobierno andaluz «desvirtúa el concepto de administración profesionalizada» desoyendo los reiterados dictámenes negativos. «Las protestas sindicales son permanentes», continuó, al tiempo que denunció que los trabajadores de la Administración «están frustrados y despojados de sus competencias». Sus críticas fueron más incisivas, hasta el punto de reconocer la existencia de una «Administración paralela» al margen de la ordinaria, dado el gran número de empresas que reciben encargos del Gobierno andaluz y que pueden ser realizados por sus propios funcionarios.

Este año un total de 350 entes públicos han recibido encomiendas de gestión. Desde 2008 esta operación le ha costado a la Junta más de 5.000 millones de euros, según datos aportados por el dirigente popular. «Tenemos una Administración ineficaz, irracional en su dimensión, opaca y derrochadora», subrayó Ramos. Con este procedimiento, a juicio del parlamentario del PP, la Junta «crea una Administración al servicio de los suyos y no de los ciudadanos».

Aguayo, de su lado, insistió en que la aplicación de las sentencias «conlleva un proceso largo» y que la Administración «es un ente vivo en constante movimiento». Sobre el gran volumen de encomiendas realizadas, recordó que «las comunidades gobernadas por el PP realizan más operaciones de este tipo» e ironizó sobre la posibilidad de «cerrar hospitales públicos» para limitar la inversión en tiempos de crisis.