Sólo podrá cerrar fronteras la Comisión Europea

Este escenario hipotético puede llegar a ser realidad en un futuro próximo, si sale adelante la reforma que esbozó ayer la Comisión Europea, y que propone retocar el acuerdo Schengen de la Europa sin fronteras, tras la lección de las oleadas migratorias arribadas a Italia por las revoluciones árabes.

Como adelantó el pasado lunes LA RAZÓN, la Comisión propone una nueva, y fundamental, excepción para el cierre de las fronteras internas de los 25 estados que forman Schengen: la incapacidad de un miembro para cumplir sus obligaciones con el control de su frontera exterior, o si una parte de la frontera exterior sufre una «gran e inesperada presión debido a factores externos». Con esta novedad, incluida en la comunicación que presentó la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, Bruselas respalda las reclamaciones de Italia y Francia para el restablecimiento de las fronteras internas en casos de oleadas masivas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se guarda una as en la manga. Aunque la idea aún debe concretarse en una futura propuesta legislativa, no quiere que sean los Estados miembros los que determinen cuáles son estas «circunstancias excepcionales» para el cierre fronterizo, sino que pretende que sea una respuesta «comunitaria» en la que la Comisión tenga una posición fundamental.

«Es muy importante que la idea de Schengen no quede socavada por decisiones unilaterales», dijo Malmström con la mirada puesta en París. El Gobierno de Sarkozy cerró el pasado mes la frontera en Ventimiglia para evitar la llegada de los inmigrantes tunecinos desde Italia, a los que Roma había facilitado permisos temporales para que pudieran viajar a Francia donde tienen lazos familiares. Sarkozy pudo cerrar la frontera unilateralmente, con la Comisión capaz sólo para dar el visto bueno, al ampararse en la excepción que permite hoy reintroducir controles fronterizos ante la «amenaza para el orden público».

La comisaria sueca reconoció que la regulación actual es algo «tibia» en este punto, por lo que sugirió una revisión para contar con «criterios comunes» y una «decisión a nivel europeo».

En definitiva, más excepciones para una posible reintroducción de las fronteras internas, pero siendo la Comisión la que determine en qué momento se puede utilizar este mecanismo «como último recurso» y de manera «temporal». La comunicación presentada ayer supone un paso adelante en un gobierno europeo para Schengen, en paralelo a la gobernanza económica tras la crisis del euro.

Si la recesión económica y la presión de los mercados hicieron digerible la integración para los Estados miembros, más complicado va a resultar que traguen con una cesión de competencias a Bruselas en un tema tan sensible como el migratorio, especialmente en un momento en el que los partidos más críticos con la migración ganan terreno en la UE. Además, la comunicación aporta poco sobre una posible solución «europea» para ayudar al Estado miembro en el que quedaran los miles de inmigrantes.

Los gobiernos de los Veintisiete debatirán la propuesta con la Comisión Europea la próxima semana. Ayer, el Ejecutivo comunitario ya recibió el primer espaldarazo por parte de los liberales europeos, quienes pidieron no sólo la participación de la Comisión, sino también del Parlamento Europeo al definir las causas excepcionales para la reintroducción de las fronteras.

Mayor dureza con la inmigración
La Comisión reconoce los «serios desafíos» que encara la UE en materia migratoria. Para evitar flujos masivos de irregulares, propone:
- Concluir la reforma de la agencia Frontex para que cuente con sus propios medios materiales
- Una vigilancia centralizada desde la Comisión de la aplicación de las normas de Schengen
- Más fondos económicos para ayudar a los socios con fronteras externas
- Estudiar la posibilidad de crear un cuerpo europeo de agentes fronterizos
- Más «firmeza y efectividad» con las repatriaciones forzosas de inmigrantes
- Condicionar los acuerdos con terceros países a que éstos firmen acuerdos para la repatriación
- Reintroducir visados en el caso de que ciudadanos de terceros países que ya no los tengan pongan en peligro la seguridad