Hacia una mayor independencia

No quieren que continúe como la gran olvidada, que la curva de desconfianza no se frene, que se les continúe «señalando» con el dedo en más de una ocasión, incluidos el de los partidos políticos, que el estigma de la «politización» esté permanente en su actuación. Los jueces piden al nuevo gobierno del PP que aborde más temprano que tarde medidas de calado que inviertan esa situación, para que deje de ser la «asignatura pendiente de nuestra democracia». Existe una práctica coincidencia, en líneas generales, del diagnóstico y también de posibles soluciones. En cuanto al diagnóstico, se puede catalogar de «manifiestamente mejorable», y respecto a las soluciones, éstas pasarían por dotar de una mayor independencia al Poder Judicial, elección directa por jueces y magistrados de los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abordar de forma enérgica la modernización, así como una organización más óptima con una planta judicial mayor que permita una mayor racionalización de las cargas de trabajo.

Pero una de las primeras cuestiones a las que debe hincar el diente es la renovación de tres magistrados del Tribunal Constitucional cuyos mandatos vencieron hace ya más de un año: el del actual vicepresidente, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, quienes llegaron incluso a presentar su dimisión, y el del fallecido Roberto García-Calvo, sin cubrir desde hace ya más de tres años. De hecho, el Pleno del TC acordó el jueves dirigirse a Jesús Posadas, a las pocas horas de ser elegido presidente del Congreso, para instarle a abordar de forma inmediata esas renovaciones. Un situación que ha dañado aún más la imagen del Alto Tribunal.

Es necesario, se diría que incluso imprescindible, lograr que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en la Justicia. Tal como concluyeron los presidentes de tribunales superiores de Justicia en su reunión del pasado noviembre, «la sociedad española no siente desafección respecto del vigente sistema constitucional de Justicia, pero sí se siente decepcionada por su funcionamiento cotidiano». Para cambiar esa situación, todas las instituciones deben respetar «la independencia judicial», y que los ataques a la misma no queden sin respuesta.

 Junto a ello, es imprescindible llevar una efectiva modernización de la Justicia, con implantación definitiva del expediente judicial, para evitar, en palabras del presidente del TSJ de Navarra, Juan Manuel Fernández, situaciones que todavía se observan en sedes judiciales, donde «los asuntos se llevan desde los servicios comunes al juzgado en carritos de la compra». Posteriormente, habrá que entrar en la organización y una adecuación real de la planta judicial a las necesidades, déficit en el que también existe una plena unamidad.
Potenciar el Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera, y que sus opiniones sean algo más que «oídas» en los nombramientos relevantes del Ministerio Público, y garantizar la plena independencia del fiscal general del Estado, son algunas de las principales reivindicaciones de la Fiscalía.

En materia legislativa, la asignatura pendiente desde hace ya no pocos años es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debe actualizarse a los tiempos actuales; una ley donde deberá determinarse si la instrucción de las causas penales sigue en manos de los jueces -que es lo que el PP ha defendido siempre, o la nueva regulación del secreto sumarial.