Alaya señala a la Junta en las irregularidades de los ERE

En un auto del 10 de enero al que tuvo acceso LA RAZÓN de Sevilla, la titular del juzgado de Instrucción número 6 solicita nueve diligencias a la Policía y al Gobierno andaluz para investigar diferentes asuntos, como las cantidades económicas percibidas por el dirigente socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela, prejubilados sin haber trabajado nunca en Mercasevilla, y determinar si existió «connivencia» y qué persona pudo beneficiarse de su inclusión en el ERE.

Alaya también requiere a Vitalicio Seguros para que aclare si «han sido ingresadas cantidades a favor de otras personas que no aparezcan en la relación de trabajadores afectados por los ERES o de las que no conste boletín individual de adhesión y en tal caso, indentificación de la misma y de la entidad bancaria y número de cuenta».

Igualmente, reclama una explicación de cómo pudo la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo aceptar y justificar el ERE de 2007 «por las mismas causas económicas y organizativas que el primero (de 2003), cuando la empresa en este periodo de tiempo había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores fijos que despidió».

La magistrada también indica que le «llama la atención» el plan de financiación de las pólizas suscritas y abonadas «tanto por Mercasevilla como por la Junta», por lo que «procede investigar los criterios seguidos tanto para la fijación de las primas como para la imputación de sus pagos» y se cuestiona «hasta qué punto resultó ‘beneficioso' para la empresa prejubilar a un trabajador y abonar a la compañía de seguros una prima inicial de 165.012,00 euros en lugar de mantener a dicho trabajador en plantilla».

Del mismo modo, el auto reclama a la Consejería de Empleo que, respecto a los dos ERE, «deberá aportarse justificación de cómo existían asignaciones presupuestarias para el abono de las primas, cómo se lograron éstas y bajo qué concepto, a pesar de no haber tramitado en su caso expedientes de subvenciones excepcionales». Igualmente, pide información exacta sobre todas las ayudas públicas y subvenciones concedidas desde 2002 en procesos de reestructuraciones laborales, así como los requisitos para aprobar los ERE y para acogerse a ellos.