Bruselas
La UE autoriza a España a limitar la entrada de rumanos
España podrá volver a restringir la entrada de los rumanos que vengan a trabajar. Según han explicado fuentes comunitarias a LA RAZÓN, la Comisión Europea autorizará mañana a nuestro país a la reintroducción de permisos de trabajo para los ciudadanos de este país, que ahora mismo no cuentan con ningún impedimento tras la eliminación de los mismos en 2009. Madrid necesitaba el visto bueno comunitario por limitar una de las libertades fundamentales de los tratados europeos, la libertad de movimiento de los trabajadores en el Mercado Común.
La Comisión da por buenos así los argumentos utilizados por el Gobierno y que justificaron esta restricción debido al deterioro del mercado laboral, justo en el periodo veraniego en el que miles de temporeros rumanos llegan a nuestros campos. Según reconoce Bruselas en el documento escrito por el que aprueba la decisión, y al que tuvo acceso este diario, «es probable que la continua afluencia sin restricciones de trabajadores rumanos pudiera ser un factor que incrementara la presión en el mercado laboral. Por lo tanto, para restaurar la normal situación en el mercado laboral español, es apropiado autorizar a España a limitar temporalmente el libre acceso de trabajadores rumanos».
Los datos muestran, según subraya el Ejecutivo comunitario, que España «está de hecho encarando un serio desajuste en su mercado laboral». Además del 21% de paro o el 45% de desempleo juvenil, la Comisión señala que las cifras de desocupados también son muy elevadas entre el colectivo rumano, por lo que es razón de más para justificar esta medida. Más del 30% de los rumanos que viven en España están desempleados, y su llegada se ha duplicado desde la entrada de este país en la UE en 2007, pasando de los 388.000 en enero de 2006 a los 861.586 en marzo de 2011.
Cuando Rumanía y Bulgaria accedieron a la UE, los 15 socios más veteranos impusieron restricciones a sus trabajadores. Nuestro país fue uno de los primeros en eliminarlos en 2009, mientras que otros diez Estados (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido) los mantienen hasta 2013. El tratado de adhesión de estos países permite una reintroducción entre 2009 y este año, siempre que esté justificada por serios problemas en el mercado laboral y, como explica un portavoz comunitario de manera anónima, si Alemania o Austria mantienen las restricciones, con más razón España puede recuperarlas.
La facilidad de los rumanos para aprender español, ya que ambas lenguas proceden del latín, les empujó a «Eldorado» de nuestra economía, en la que durante los últimos años, hasta vísperas de la crisis, se creaba la mayoría de empleos de la UE, con sectores como la vivienda hambrientos de una mano de obra que construyó en nuestro suelo más casas que todas las de Alemania, Francia y Reino Unido juntas.
Pero el «milagro español» se convirtió en pesadilla, y España se ha visto obligada a reintroducir los permisos el pasado 22 de julio, que afectarán a todos los sectores y a todas las regiones hasta el 31 de diciembre de 2012. Como ya anunció el Ejecutivo socialista, no se aplicarán para los trabajadores rumanos que ya residen en nuestro país, tanto si están ocupados como si están inscritos en la oficina de empleo, ni para sus familiares. Además, la Comisión vigilará en este tiempo la evolución del mercado laboral, con la posibilidad de eliminar los permisos si «prueban ser más restrictivo que lo que su objetivo requiere, en particular con las actividades que requieren un titulo universitario o una preparación equivalente». Para ello, España tendrá que facilitar cada trimestre datos sobre la ocupación por sectores de actividad. El primero de estos informes tendrá que ser presentado antes del 31 de diciembre de este año.
DNI para un condenado
El Tribunal Supremo ratificó ayer una sentencia de la Audiencia Nacional que otorgaba la nacionalidad española a un portugués condenado por malos tratos. El ciudadano luso Domingos D. fue condenado en 1995 por amenazas y malos tratos en el ámbito familiar que la Audiencia reconoció como «especialmente graves». Pese a ello, la Audiencia ha considerado que se trató de un «hecho aislado y muy lejano».
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