Una Cataluña independiente tendría 150000 millones de deuda

Y, por supuesto, ni mucho menos entran en las consecuencias jurídicas, políticas y económicas de un proceso que, en cualquier caso, sería muy largo y de incierto futuro, dijesen lo que dijesen los catalanes en la consulta que organizase Artus Mas.
El Gobierno se está preparando para lidiar con el peor de los escenarios en el caso de que fuera necesario. Y eso implica tener preparada la respuesta política, jurídica y económica para gestionar el día después de las elecciones. Irá moviendo ficha en función de las decisiones que adopte Mas, y entretanto prepara la noche electoral con la disposición a tender la mano al líder de CiU para reconducir el choque de trenes en el que ha centrado toda su estrategia electoral. El problema creado por Mas trasciende a lo político y afecta directamente a la vida de los catalanes. CiU y las demás formaciones independentistas piden el voto para convertir a Cataluña en una Nación, pero se están callando todos los sacrificios que recorrer ese camino exigiría a los catalanes. Y lo que es aún más importante, según los informes que maneja el Ejecutivo, los riesgos de que al final se convierta en un viaje a ninguna parte porque la realidad, lo inviable del objetivo, se imponga a la quimera electoral. Los informes que manejan en el Gobierno denuncian que los nacionalistas no están explicando al «pueblo catalán» que la independencia de España supondría la salida inmediata de la UE, pero también de la Unión Aduanera y del Mercado Único, con las consecuencias económicas que de ello se derivan. Por supuesto, también la salida del euro y del territorio Schengen, por lo que para cruzar el Ebro, en coche o en AVE, tomar el puente aéreo o cruzar los Pirineos haría falta un visado. Desgraciadamente para los catalanes, la Cataluña de hoy no es la Cataluña que era motor de España por su poder económico, financiero y empresarial. El fracaso de la gestión política de sus problemas, los mismos que los del resto de España, la han convertido en una comunidad fuera de los mercados y que no puede sostener su deuda sin la asistencia del Estado.
Aunque el Gobierno español no quiera pronunciarse sobre escenarios que espera que no tenga que administrar, como una declaración unilateral de independencia, llegada esa encrucijada, España, sin duda, nunca votaría a favor de la adhesión de Cataluña a la Unión Europea (UE). Y tendría además importantes incentivos para mantener ese veto. Ningún nacionalista le está contando estos días a los catalanes que esos incentivos irían desde la atracción de empresas con sede en Cataluña a otras cuestiones que a simple vista pueden parecer más anecdóticas, aunque no lo son, como la fabricación de productos típicamente catalanes en otras partes de España, al no disponer ya los productores catalanes de la protección legal europea que tienen ahora. Un ejemplo, el cava. Aunque la marea nacionalista ejerce un fuerte poder silenciador sobre los discrepantes, hay muchos empresarios asentados en Cataluña que se tientan la ropa, conscientes de que la independencia, y la salida de la UE y del euro, deslocalizaría inmediatamente a las grandes multinacionales implantadas allí, con el elevadísimo coste en puestos de trabajo y beneficios que ello supondría.

Casi el 60 por ciento de la producción catalana se vende en el resto de España y la ruptura de la unidad de mercado tendría consecuencias dramáticas sobre la estructura productiva y el empleo catalán, ya muy dañados los dos por los efectos de la crisis. El PP catalán está precisamente desplegando una red de contactos con pymes y autónomos, la base del tejido productivo catalán, para explicarles las consecuencias de cualquier paso en falso.
La incertidumbre de un proceso de adhesión a la UE largo y sin final seguro no animaría en ningún caso la inversión extranjera y nacional. Por poner un ejemplo, ¿quién iba a financiar con miles de millones de euros el corredor mediterráneo por Cataluña, en lugar de por Aragón –una de las grandes reclamaciones nacionalistas–, ante el riesgo de que la secesión de Cataluña lo deje en manos de un Gobierno extranjero?

Las formaciones independentistas catalanas, con CiU ahora a la cabeza, han copiado del nacionalismo vasco el argumentario que dice que la tierra prometida es seguir el modelo de Chequia/Eslovaquia. Obvian que allí hubo acuerdo, y que la falta de acuerdo en el proceso catalán haría que su modelo fuese otro mucho menos idílico, el de Serbia/Kosovo. Los servicios diplomáticos sostienen con rotundidad que muchos países de la UE no reconocerían a Cataluña como entidad soberana por temer posibles reacciones en cadena en sus propios territorios (Normandía, Córcega, Baviera, Escocia o Padania). Pero por encima de la dificultad de los vetos internos está la fractura interna que provocaría una decisión de ese alcance. Tras un eventual referéndum, ¿quién sería catalán y quién no lo sería? ¿Los catalanes de nacimiento y sangre que no viven en Cataluña lo serían? ¿Y los no nacidos en Cataluña, no catalanoparlantes, pero residentes allí, lo serían? Por cierto, a Mas no le bastaría con conseguir un 51 por ciento de apoyo en el referéndum para cambiar el estatuto jurídico de Cataluña. Y si no le vale con la Constitución española, ahí está la doctrina de los constitucionalistas canadienses, expertos, sin duda, en la materia. CiU se mira en el espejo de Quebec y de Escocia, pero sólo parcialmente, ocultando toda la imagen que proyecta ese espejo y que deja su discurso con las vergüenzas al aire.

La fractura social sería traumática, pero tampoco sería nada fácil gestionar la reorganización institucional. Otra cuestión que no explican los nacionalistas es qué pasaría si tras un eventual referéndum, aquellos municipios que se manifestasen en contra de la independencia reclamasen su derecho a exigir al Estado español su protección.

Una Cataluña independiente tendría que asumir la parte alícuota de la deuda española, cifrada en unos más de ciento cincuenta mil millones de euros, que tendrían que pagar los ciudadanos catalanes. Mas ha ocultado su fracasada gestión con la bandera de que España expolia a los catalanes porque estos pagan más de lo que reciben del Estado. Pero aún aceptando como válida la máxima de que los territorios y no las personas son los que pagan, esto podría llevar, tras una supuesta independencia, al sinsentido de que determinados territorios catalanes exigiesen mayores inversiones de la Generalitat, porque sus habitantes, considerados en su conjunto, pagasen más impuestos.

¿Y de dónde va a sacar la Generalitat el dinero para sostener la independencia: las infraestructuras, las pensiones, una red de Embajadas o unas Fuerzas Armadas?