OPINIÓN: La Ley Sinde

Vaya por delante que estoy completamente a favor de que exista una regulación que defienda el derecho de los autores en todo lo que se refiere al consumo de cultura por internet. El problema es otro, de raíz, y reside en el origen del discurso que inspira la Ley y que abre brecha con la realidad más palpable. Se trata, ciertamente, y como ya se ha comentado en esta sección en alguna otra ocasión, en que no se puede vender un texto legal exclusivamente como una estrategia de represión de determinados usos de consumo. El fenómeno de las descargas ni nace ni se desarrolla como una actividad conscientemente delinquiva, que, en consecuencia, exija ser estrangulada mediante el máximo grado de presión legal. Por el contrario, aquello que lo inspira es una transformación radical y sin punto de retorno en el paradigma del consumo. Quiere esto decir que los momentos de revolución que antes capitaneaban los autores mediante la propuesta de nuevos códigos expresivos ahora son liderados por los usuarios, en la forma de un empleo creativo de los canales de acceso. Ni más ni menos. Y, no nos engañemos, por más que se le quieran poner puertas al campo, si la ley que finalmente se apruebe no contempla esta realidad abrasadora e insoslayable, su efecto siempre será contraproducente. Sucederá como con la aprobación de la célebre Ley Seca, en los EE.UU, durante los años veinte: lo que provocó fue un aumento exponencial del consumo de alcohol, a resultas del refinamiento de las argucias ideadas para su distribución y posterior consumo.
Necesitamos, por tanto, una ley que conciba la regulación de la red en términos de la alianza, por parte de la industria, con estas nuevas formas de consumo –muchas de las cuales rozan el modus operandi del activismo. Es más, tal y como se está demostrando en EE.UU con el aumento sobresaliente de los ingresos por descargas legales de cine y música, internet no es la principal amenaza de la industria cultural: es su gran posibilidad de futuro y de desarrollo, el horizonte sobre el que plantear no solamente un incremento de los beneficios, sino, además, el objetivo de una cultura para todos, edificada sobre los cimientos de una democracia expandida que permita el acceso de cualquier ciudadano a la amplia oferta cultural. Quizás, se trate, sobre todo, del modo en que se vende dicha ley; pero, sea como fuere, lo cierto es que los consumidores han de verla como la garantía que posibilite su desenvolvimeinto en libertad.

Pedro ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ
Consejero de Cultura y Turismo