Deberes para las autonomías

El nuevo Gobierno del cambio está decidido a que las comunidades autónomas dejen de ser un problema para el futuro económico del país y se conviertan en parte de la solución. El vuelco político en el poder regional en las últimas elecciones autonómicas y municipales, ahora prácticamente en manos del PP, propició un giro hacia políticas públicas más exigentes. Los efectos de esos duros ajustes se han percibido positivamente en los últimos datos de déficit público, en los que varias de esas comunidades han presentado balances contables positivos. Resulta relevante que estas administraciones hayan asumido la necesidad de romper con una espiral de endeudamiento, especialmente acentuado en el caso de gobiernos socialistas como el tripartito catalán, que empujó a Cataluña al colapso financiero. Mariano Rajoy se reunió ayer con los dirigentes regionales de su partido –la mayoría de ellos también al frente de los gobiernos autonómicos– para marcar las directrices imprescindibles e inamovibles que deben dirigir la gestión los próximos años. Los líderes del PP se han comprometido a cumplir con el déficit, a trabajar por la eliminación de duplicidades, a lograr una administración más eficiente y a establecer leyes de estabilidad presupuestaria. Es destacable la creación de un grupo de reflexión para reformar la prestación de servicios básicos y alcanzar el objetivo de una competencia, una administración. E igualmente significativo es el acuerdo de llevar a los parlamentos regionales la reforma constitucional pactada entre PP y PSOE para que las administraciones públicas no gasten más de lo que ingresen. Rajoy impone con estos principios una auténtica catarsis en la gestión de lo público, pues establece normas para garantizar el rigor y la responsabilidad en un ámbito de decisión que Europa mantiene estrechamente vigilado por los deméritos contraídos en los últimos años. Este nuevo marco de actuación y de conducta para las comunidades autónomas no debería descartar sanciones para aquellos territorios que no cumplan con sus responsabilidades y que perjudiquen así al resto de la nación, a imagen y semejanza del modelo propuesto en la Unión Europea. Exigencia y firmeza en los controles y en la supervisión alimentarán la credibilidad de las cuentas públicas y con ello la confianza, un valor del que España anda escasa y que necesita recuperar. El plan del futuro presidente del Gobierno no podrá funcionar si las comunidades no colaboran. Es cierto que las urgencias financieras de las regiones, entre ellas la devolución de deuda con el Estado, que ayer provocó algún malentendido evitable, las abocan a tiempos de gran dificultad y desgaste, pero es importante que todos actúen con la convicción de que no existe otro camino para salir del túnel.