Las inmigrantes ilegales maltratadas que denuncien paralizarán su expulsión

Ochenta organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los inmigrantes ilegales, rechazan de manera "frontal"el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado hoy, que amplía la protección de las inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien y estimula el retorno voluntario.

Representantes de esas entidades han asegurado en conferencia de prensa que la norma acordada por el Consejo de Ministros es una nueva oportunidad "perdida"para avanzar en derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes, y no garantiza "su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad".

También reprochan al Ejecutivo que no los haya escuchado, aseguran, ni que haya negociado el Reglamento.

Por el contrario, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que la norma ha sido "dialogada"y sale consensuada "ampliamente"con sindicatos, empresarios y ONG, además de insistir en que se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo, ha destacado que se "alienta"el retorno voluntario al país de origen, en el sentido de que quien desee acogerse al mismo por quedar en paro "no pierda"los años de trabajo aquí, sino que "le contabilice a todos los efectos"si volviera a España por necesidades de mano de obra.

"No es justo -ha argumentado- que esa gente que ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que ha estado trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez".

El Gobierno señala que habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías"para quien se apunte a programas de movilidad y retorno voluntario.

Sobre las inmigrantes irregulares que padezcan violencia machista, ha señalado que, si denuncian, no significa que vayan a ser expulsadas por su condición de ilegales.

"Algo que venimos practicando ya -ha subrayado-, que las mujeres que sufren violencia de genero y están irregularmente en España no tengan miedo al ir a la comisaria pensando que eso les va a suponer la expulsión".

La protección se extiende a los hijos menores de víctimas de redes de trata de personas y violencia de género.

Ha agregado Pérez Rubalcaba que se pretende, además, ser "más riguroso"con el incumplimiento de la contratación.

El reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.

Aparte, la norma perfila la reagrupación familiar de ascendientes vinculándola a la convivencia previa en el país de origen y aplica la última doctrina europea que concede la residencia a los progenitores de hijos con nacionalidad española.

También fija los medios económicos en la reagrupación familiar: 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para reagrupar al primer pariente y un 50 por ciento por cada miembro adicional.

El Gobierno considera que el texto normativo facilita la colaboración entre administraciones.

A las CCAA corresponden los informes de habitabilidad de vivienda y arraigo (pueden delegarlos en los ayuntamientos) y de esfuerzo de integración de los inmigrantes.

Pérez Rubalcaba ha inscrito la norma en la política sobre inmigración: relación directa con el empleo, lucha contra la de tipo irregular y "procurar la integración"de los que vienen con los derechos y deberes y valores inherentes a la Constitución.

Sin embargo, organizaciones como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) reclaman una regularización "vía arraigo o vía humanitaria", que afectaría a setecientas u ochocientas mil personas, aunque la cantidad exacta "nadie la conoce".

Piden el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y que "no se imponga la sanción de expulsión por la mera residencia y trabajo irregulares".

También destacan la necesidad de prohibir "expresamente"las redadas y controles policiales de identidad en lugares públicos basados en los rasgos étnicos, algo que, denuncian, está "a la orden del día"y supone una práctica "racista e ilegal".