El día de la infamia por Eduardo Dívar

El pasado 21 de junio será recordado como el día de la infamia en nuestra democracia: Carlos Dívar se vio obligado a dimitir por la falta de apoyo de los vocales del CGPJ. Y esta falta de apoyo se produjo porque los vocales del Consejo han doblegado su voluntad ante una de las mayores campañas de desprestigio, insidias y difamaciones llevadas a cabo por la prensa de izquierdas. El poder difamatorio de la prensa llamada progresista ha conseguido desestabilizar el tercer poder del Estado y arruinar la carrera de la cuarta autoridad del Estado. Ha sido un ataque sin piedad, que no ha respetado ninguna regla del honor y que ha magnificado, exagerado y mentido en un asunto sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Mientras que la izquierda alardea de su defensa del Estado de Derecho, en este caso no lo han respetado. Tres instituciones han dicho que Dívar no abusó de su cargo, que no pagó viajes privados con fondos públicos y que en todo momento ha cumplido la normativa vigente. El fiscal general, en su decreto de 21 de mayo, dejó claro que Dívar no había cometido ninguna irregularidad en sus cuentas, aprobadas por la Intervención General del Estado.

Pero ha sido el Tribunal Supremo el que definitivamente ha dicho que «Carlos Dívar se ajustó al procedimiento legal establecido» y que no abusó de su cargo, «al cumplir la norma en sus justos términos». Es más, dice que «el hecho de que, en algunos de estos viajes, determinados gastos no fueran abonados por el Consejo, sino por Dívar, permite concluir que, cuando durante estos viajes se desarrollaron actividades privadas, éstas no fueron sufragadas indebidamente con fondos públicos». Pero el Alto Tribunal va más allá en su resolución, ya que dice que «la querella se centra en meras sospechas y sin aportar ningún dato objetivo adicional del que la propia entidad querellante haya podido tener conocimiento y que permita su encaje en algún tipo penal y simplemente se limita a narrar unos hechos sustentados únicamente por información periodística». Para la Sala, «los indicios y no la simple sospecha son imprescindibles para la apertura de un proceso penal, porque de lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia».

Pero, lamentablemente, esto es lo que ha ocurrido. Se ha juzgado, difamado y condenado a una persona por meras apariencias, sin una investigación a fondo, salvo las tres instituciones mencionadas. Y son precisamente a las que se les ha negado el crédito. En cambio, se ha dado veracidad a informaciones sesgadas, difamatorias y humillantes que han sobrepasando el límite del honor y del respeto. Dijo Margarita Robles en una entrevista el 17 de junio que «en política la apariencia es tan importante como la realidad». Niego la mayor. Esto nos llevaría desgraciadamente al caso actual, que los medios de comunicación con la «sola apariencia» puedan difamar a una persona, desprestigiarla y socavar las voluntades de los que le apoyan para que dejen de hacerlo y le hagan caer siendo inocente. Para esta clase de prensa no existe la presunción de inocencia. Ha repetido en esta campaña de desprestigio, de manera malintencionada, el mismo titular una y otra vez: 20 viajes de lujo a Marbella pagados con fondos públicos. Mentira, difamación, pero que, repetidas una y otra vez, aparecen como verdad. Y mentira porque así lo han declarado el fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo y la Intervención General del Estado.

Si se ha seguido la normativa de viajes del CGPJ del año 96, si los viajes han sido pagados la parte oficial por el CGPJ y la parte privada por el propio Dívar, ¿por qué se ha insistido en la dimisión de Dívar?¿Quizá porque hay otras razones ocultas y de estrategia política y de lucha de poder? ¿O quizá por los gastos protocolarios? Otra mentira y difamación más. La normativa del Consejo dice que no hay que comunicar las personas con las que se tienen los gastos protocolarios y todos los vocales cumplen esa normativa. ¿Tendrían que dimitir todos? Por cierto, la misma normativa que aplica a todos los altos cargos de la Administración.

Dívar dijo claramente que esos gastos han sido con personalidades de carácter oficial y que no revelaba la lista por razones de confidencialidad. ¿Es que las máximas autoridades del Estado no tienen que tener confidencialidad con sus contactos?. ¿Cómo se puede afirmar, sin pruebas, que esos gastos han sido con la misma persona? Una vez más, se miente y difama. Y los medios de comunicación de la izquierda desprestigian a Dívar por ser católico. Quizás sea éste el origen de la inquina contra él. Ya lo dijeron cuando le nombraron y recibió críticas de Zapatero, por ser conservador y católico convencido.

El llamado «caso Dívar» debería marcar un antes y un después en la vida pública española. Se ha obligado a dimitir a una personalidad del Estado por una supuesta utilización de fondos públicos denunciada por la prensa, sin base jurídica alguna y, lo que es más grave, con la opinión en contra de la Intervención General del Estado, del fiscal general del Estado y del TS. ¿Cuantos políticos españoles aguantarían este rasero de medida?