El Gobierno cambia con un Real Decreto una ley que no existe

Basta mirar el Registro del Congreso y basta también contabilizar el número de jueves que no ha habido sesión plenaria porque no había ningún proyecto legislativo pendiente de tramitación. Ahora al Gobierno le han entrado las prisas por acelerar algunas de las cuestiones que tiene colgando en el Congreso, quizás pensando en la posibilidad del adelanto electoral. Pero es que además de haber poco material legislativo, en el poco que hay comete disparates como el que se sustanció en la última sesión plenaria y que viene a poner en evidencia cuanto menos una notable falta de coordinación. El resumen del dislate es que el Gobierno aprueba un Real Decreto para modificar una ley que todavía no estaba aprobada, y el Real Decreto es para modificarla en el sentido de lo que ya dice la propia ley. Toda una anécdota con valor de categoría si se enmarca en el conjunto de la acción gubernamental en esta recta final de Legislatura.

El protagonista del incidente es la Ley de Residuos. El pasado jueves por la mañana, el primer punto del día de la sesión del Congreso fue la validación del Real Decreto de 1 de julio sobre medidas de apoyo a deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. En el anexo 1 se regulan los Procedimientos Administrativos con sentido del silencio negativo que pasa a positivo, incluyéndose dentro la autorización para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor para el resto de comunidades autónomas (en román paladino, todos los encargados de gestionar los residuos).

Cuando el Ejecutivo aprobó ese Real Decreto, el 1 de julio, ese procedimiento no existía como tal porque es un órgano que se crea en la Ley de Residuos, que aún no había sido validada: lo fue, precisamente, también en la sesión del jueves. Pero es que además en la misma no se establece en ningún caso el silencio negativo para ese supuesto. De hecho, el artículo 31.1 contempla una segunda autorización para el resto de comunidades autónomas, pero estableciéndose el silencio positivo.

Para más inri, el Gobierno aceptó todas las enmiendas que los grupos presentaron a la ley, sin tener en cuenta que algunas eran contradictorias con otras, como denunció la diputada popular Teresa de Lara. Una tramitación caótica que se derivó del procedimiento de urgencia que exigió el Ejecutivo y que impidió un análisis sosegado de todas las enmiendas presentadas. El resultado ha sido un conjunto de artículos elaborados muchas veces a base de añadidos. De hecho, como consecuencia de varias enmiendas aprobadas, determinados apartados de algunos artículos se presentan con dos redacciones con diferencias sustanciales. Por ejemplo, en la Disposición Adicional Tercera, de un lado se acepta una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto del Senado en la que se establecen medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, que no hayan podido valorizarse in situ y que sean trasportados por mar a la Península o a otra isla.

De otro, también se aprobó la enmienda socialista que indica que esa financiación se hará dentro de las disposiciones presupuestarias, es decir, se hará o no se hará. En su conjunto, una chapuza que afecta a una ley de enorme trascendencia económica y medioambiental.

Rajoy: «Están en tiempo de descuento»
Mariano Rajoy volvió ayer a centrar su discurso de oposición en la economía y en la exigencia de un adelanto electoral. En una reunión en Pontevedra con presidentes de diputaciones, cabildos y consells, en la que le acompañó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Rajoy defendió que el Gobierno está «en tiempo de descuento» porque es incapaz de generar la confianza que requieren los problemas internos y externos a los que se enfrenta España. Por eso todo el tiempo que pase hasta que se convoquen las elecciones será «tiempo perdido», subrayó. En una semana crucial para el euro, y para la prima de riesgo española, el jefe de la oposición abundó en el discurso que centraliza el problema en Rodríguez Zapatero bajo la consigna de que en cuanto éste abandone La Moncloa la economía repuntará. «Cuando Zapatero se decida a pedir la opinión de los españoles, todo cambiará y el país volverá a estar entre los mejores», sentenció. El PP confirmó ayer que no llevará en su programa eliminar las diputaciones provinciales y que reorientará ese debate hacia una propuesta de racionalización y eficiencia asentada en el principio de «una competencia, una administración», informa Ep. Ayer Rajoy tampoco se pronunció sobre la decisión del juez Flors –que se conoció el viernes– de sentar a Francisco Camps en el banquillo por la «causa de los trajes». Sobre la mesa está la posibilidad de pagar la multa. 

Valenciano insiste en que no habrá adelanto electoral
La directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, aseguró ayer que «no hay ninguna razón que aconseje» en este momento adelantar los comicios generales previstos para marzo, y argumentó que unas elecciones anticipadas podrían aumentar la inestabilidad financiera en la UE, informa Efe. «Introducir incertidumbre política en una situación de clarísima incertidumbre financiera no ayuda ni a los intereses de España ni a los de la UE», agregó, para apostillar a continuación: «Abrir un periodo de incertidumbre no es la mejor contribución que podemos hacer».