Objetivo: lograr la inserción laboral de discapacitados e igualdad para la mujer

VALLADOLID – El objetivo está claro. Favorecer la inserción laboral de uno de los sectores sociales en riesgo de exclusión como es el de las personas con discapacidad. Por ello, la Junta acaba de incorporar cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública para favorecer su integración laboral, fomentar la estabilidad en el empleo y promocionar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

A partir de ya, se establece que el 6,5 por ciento del importe total de los contratos que realice la Junta en determinadas actividades se adjudiquen a los Centros Especiales de Empleo. Servicios como limpieza, mantenimiento de zonas verdes, recogida de papel, lavandería, cátering, paquetería, imprenta, tareas administrativas o distribución de productos se reserverán para estos Centros, que podrían suponer 10 millones de euros al año en contratos específicos.

Estos contratos irán destinados a aquellas empresas que, además de contar con un mínimo del 70 por ciento de personas con discapacidad en su plantilla, tengan al menos el 40 por cientode trabajadores con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo. Además, también se exige que se trabaje directamente en el contrato adjudicado un porcentaje de este último personal, que variará entre el 10 y el 60 por ciento dependiendo del tipo de servicio.

Además se incorporan diversos aspectos sociales a los contratos en general y con ello se persigue considerar de forma expresa el valor social en el objeto del contrato, tener en cuenta la experiencia, conocimiento y medios técnicos en materias sociales o preferecias en la adjudicación de contratos y preferencias en la adjudicación de contratos.

También se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales para la ejecución de contratos y que reviertan en acciones de igualdad de oportunidades y un mínimo del 20 por ciento de los trabajadores de colectivos en situación de riesgo.

Estas actuaciones se encuentran dirigidas especialmente al sector empresarial que permite la empleabilidad a las personas con dificultades para acceder al mercado laboral por condiciones de discapacidad, exclusión social y también para aquellas empresas que quieran incorporar aspectos de política social en su actividad.

En el año 2011 existían 161.183 personas con discapacidad en Castilla y León, de los que el 51 por ciento son hombres. La prevalencia de la discapacidad sobre el total de la población es del 6,3 por ciento, afectando especialmente a las personas entre 55 y 84 años.

El colectivo de personas con discapacidad se caracteriza por su heterogeneidad, con necesidades específicas de apoyo en fución de la problmática concreta, que en cada caso, impliquen las limitaciones en su actividad y participación.

Todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos, de índole diversa, a superar, en cada caso, de manera diferente. El 58 por ciento de las personas con discapacidad presentan una minusvalía física; el 14,65%, por enfermedad mental; el 11,72 por ciento, con discapacidad intelectual, el 8,81% visual y el 6,76%, auditiva.

Jesús Martínez (FEAPS): «Esta iniciativa es la piedra angular para fomentar empleo»
Gran satisfacción entre el sector con la puesta en marcha de esta iniciativa. Para el director-gerente de Feaps Castilla y León, Jesús Mazariegos Martínez. esta iniciativa «supone la piedra angular del modelo de itinerarios para el empleo de las personas con discapacidad para que el futuro laboral y el derecho que les asiste a estas personas en las oportunidades para el trabajo, tengan más posibilidades que en la actualidad. Todo ello en un contexto de crisis y sin coste adicionales». Para Martínez, estas directrices «no son cuestiones menores», ya que «en el mundo de las personas con discapacidad, el 70 por ciento de ellas en edad de trabajar no lo consigue». Sobre el acuerdo adoptado por la Junta, señala que ya existían otros similares en Navarra y Aragón, pero que el firmado en Castilla y León «está dotado de una concreción que va más allá de la mera voluntad política, lo que le hace más exigible, cuantificable y aplicable». Por último, indica que Castilla y León vuelve a ser una referencia nacional en cuestiones de servicios sociales y que sería «deseable y ejemplarizante» que el resto de administraciones públicas se sumaran a esta iniciativa.