«Con esta ley los ciudadanos ahorrarían»

La propuesta del ministro de Justicia de desarrollar una ley de jurisdicción voluntaria para que matrimonios civiles o divorcios de mutuo acuerdo sean tramitados ante notario, en vez de por vía judicial, es para algunos tan lógica «que se cae por su propio peso». Así opina el notario Javier Trillo Garrigues, en la profesión desde hace más de 20 años. «Bajo mandato socialista, a principios de los 90, las declaraciones de herederos abintestato –sin testamento– se tramitaban judicialmente. Se resolvió que se hiciera ante notario, aligeró muchísimo a los juzgados y se abarataron los costes». Este alivio económico para las arcas del Estado se sustenta en la ausencia de un procurador y un abogado. Lo mismo que sucedería de desarrollarse la nueva ley. Al haber un acuerdo entre ambas partes, se necesita un órgano superior que dicte una resolución. Esta figura podría ser la del notario. «La Justicia no es gratis», afirma Trillo. A los jueces y demás cargos hay que pagarles, y esos gastos corren de los Presupuestos Generales del Estado. El notario no cuesta un euro». Esta propuesta, además de evitar colapsos en los tribunales, beneficiaría al bolsillo del ciudadano. Como el Ministerio de Justicia aún no ha fijado un arancel para la asignación fija que le correspondería al colegiado, el notario hace una estimación. «Lo lógico es que fueran documentos sin cuantía, que firmarlos oscila entre 40 y 50 euros». Actualmente, el coste de un divorcio exprés, sin bienes ni hijos, ronda los 390 euros. Y, según el Colegio de Abogados de Madrid, alrededor de los 1.000 euros, más 200 para el procurador. Respecto a la tramitación matrimonial civil, el consistorio de cada provincia puede, o no cobrar nada, o una tasa de hasta 400 euros. Mientras que si a las capitulaciones matrimoniales a cuenta del notario se añadiera la rúbrica final, supondría un desembolso de 30 €, al ser un documento sin cuantía. «Además del ahorro en tiempo y en procedimiento, ya que se resolvería todo al tiempo».