AENA se reúne con los controladores con un aval jurídico bajo sospecha

Ni unos ni otros quieren llegar a la fecha límite marcada por el Ministerio de Fomento sin una solución que obligaría a echar mano de un recurso que ambas partes quieren evitar a toda costa: un laudo. Por eso, los abogados acordaron ayer que las negociaciones se reanuden hoy mismo y que se prolonguen durante todo el periodo navideño, excepto los días festivos.

Rápido acuerdo
En aras de alcanzar un acuerdo rápido, acordaron también reducir su número de negociadores a tres y tratar de que los contactos se lleven «con discreción», según manifestaron fuentes de USCA, el principal sindicato de los controladores.

La toma de contacto de ayer, la primera oficial desde el pasado día 3 –pues los abogados de ambas partes han mantenido el contacto incluso en los momentos más enconados del enfrentamiento entre AENA y USCA–, se desarrolló en «un buen clima», como destacaron ambas partes. «Ha sido una primera toma de contacto para retomar unas negociaciones» que, según los consultados, deben partir del acuerdo de mínimos suscrito el pasado 13 de agosto. El acuerdo establece una reducción del 40% del salario de los controladores, hasta una media de 200.000 euros anuales hasta 2013, y cuatro tipos de jornadas de trabajo anuales –de 1.200, 1.300, 1.400 y 1.500 horas– hasta un máximo de 1.670, en función de la carga de trabajo de cada centro, con un máximo de 80 horas extras, condiciones que los controladores aseguran estar dispuestos a asumir.

La reunión entre los representantes de AENA y los controladores despierta dudas jurídicas. «La cuestión es que si se les ha militarizado, sus derechos sindicales están en suspenso», recuerda Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Vidal, que ha defendido que la declaración del Estado de Alarma no habilitaba al Gobierno a militarizar el espacio aéreo –algo que únicamente permite el Estado de Sitio según la Carta Magna–, cree que el Ejecutivo incurre en una «contradicción jurídica». «Si el Estado de Sitio avalase la militarización, acarrearía la suspensión de derechos sindicales de los controladores; sin embargo, si el Gobierno les reconoce esos derechos es porque no están militarizados».

Para este experto constitucionalista, «las dudas jurídicas del Ejecutivo revelan que no está seguro de lo que ha hecho ni de que el Estado de Alarma avale la militarización, algo que pese a todo ya se ha producido de hecho». «Los controladores aseguraban hace unos días que no podían hablar en nombre de sus compañeros y ahora, sin embargo, el Gobierno dice que pueden negociar», añade. «El hecho de que les reconozca el ejercicio de derechos sindicales, pese a la militarización, denota que el Gobierno tiene muchas dudas jurídicas sobre cómo actuar después de la declaración del Estado de Alarma».

Fomento aseguró la semana pasada que cuenta con informes jurídicos que avalan la negociación a pesar de la excepcional situación. USCA, por su parte, aseguró que puede proseguir su actividad sindical fuera de los centros de trabajo.


La «psicosis» del móvil pinchado
- Desde que diversas informaciones periodísticas pusieran de relieve que el Gobierno ha contado con infiltrados y que hasta, incluso, podría haber recurrido a pinchazos telefónicos para seguir los pasos de los controladores, se ha instalado una cierta reserva en este colectivo a la hora de usar los teléfonos móviles. Fuentes cercanas al mismo apuntan, incluso, a que algunos de sus dirigentes han cambiado de tarjeta varias veces para intentar zafarse del seguimiento ordenado por el Ejecutivo y que, incluso, le habría permitido conocer de antemano el plante de los controladores del pasado 3 de diciembre, informa L. R. LA RAZÓN ya informó de esta posibilidad en su edición del pasado 11 de diciembre, en la quedaba cuenta de estos topos, que conocían la rebelión de los controladores días antes de su estallido.