Morín se enfrenta a 309 años de cárcel por 101 abortos ilegales

Poco importaba que las supuestas malformaciones en los fetos no se certificaran ni el supuesto riesgo psíquico para la mujer ni siquiera fuera valorado por un psiquiatra. Las clínicas funcionaron hasta 2006, cuando la Guardia Civil abrió la primera investigación a raíz de un reportaje de la televisión danesa que escandalizó a la clase política de aquel país.

Cinco años después, la juez de Barcelona que instruye el caso ha ordenado la apertura de juicio oral, y el fiscal pide un total de 309 años de cárcel para Morín. Su esposa y socia, la enfermera María Luisa Durán, se enfrenta a una petición 204 años de prisión y, para otra decena de colaboradores, la Fiscalía reclama penas que oscilan entre los 50 y los 200 años de cárcel por practicar o permitir abortos ilegales.

Así, parece que la actuación de Morín no quedará impune, pese a la nueva Ley del Aborto, que fue diseñada al hilo de la investigación policial del ginecólogo y casi a medida. Esta norma, que entró en vigor en julio del año pasado, ha librado al ginecólogo de responder por medio centenar de casos, que serían legales conforme a la nueva legislación. No en vano fueron las clínicas las que presionaron al Gobierno para sacar adelante una norma que les blindara jurídicamente, pues el PSOE, al inicio de la legislatura, no llevaba en su programa electoral la inclusión de la reforma de la Ley de 1985. Sin embargo, para otros 101 abortos el fiscal no ha encontrado justificación.

De acuerdo con el auto de apertura de juicio oral, Morín será juzgado por los delitos de asociación ilícita, 101 delitos de aborto y falsedad documental continuada. Su esposa se enfrenta a los mismos cargos, aunque sólo responderá por 66 delitos de aborto. Sólo en el caso del intrusismo el juez ha decretado el sobreseimiento provisional, pues no ha quedado demostrado que los profesionales usurparan especialidades médicas que no les correspondían.

Embarazos a término
Entre los casos más graves que señala el escrito de la fiscalía –todos correspondientes a abortos practicados en 2007– se encuentran los abortos practicados a una embarazada de 33 semanas, a la que se detectaron anomalías en el feto, así como a otras en las semanas 27, 28, 29 y 30 de embarazo, cuando, de acuerdo con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el feto es viable.

En el escrito de calificación, el fiscal señala que la actividad de las clínicas de Morín (Ginemedex, TCB y Emece) era la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, que se efectuaban «sin observancia de los requisitos exigibles para la legalidad del aborto, sin límite temporal alguno en todos los casos, siendo ésta una actividad continuada, abusiva y con un único afán desmedido de lucro». Asimismo, el Ministerio Público indica que Morín «impartía instrucciones a sus empleados» para que realizaran prácticas ilegales, tales como rellenar «de forma mendaz» los campos de las respuestas del llamado test de Goldberg, que se debía practicar a las pacientes para certificar el riesgo psíquico que suponía el embarazo. También era práctica habitual «la alteración mendaz de las ecografías haciendo constar en las mismas un número inferior de semanas de gestación».

Entre el centenar de casos detallados en el escrito, se alude a un total de 16 pacientes menores de edad. De ellas, la más joven es una adolescente de sólo 14 años. Algunas de estas jóvenes fueron intervenidas sin la presencia de sus padres, y los responsables de las clínicas investigadas dieron por buena la compañía de una hermana mayor.


Claves: Los principales acusados
Carlos Morín: El cabecilla de la organización responderá por asociación ilícita, 101 delitos de aborto y falsedad documental continuada.
María Luisa Durán: A la esposa de Morín, enfermera de sus clínicas, se la acusa de asociación ilícita, 66 delitos de aborto y falsedad documental continuada.
María Virtudes Sánchez: La mano derecha de Morín y Durán responderá por asociación ilícita y por 26 delitos de aborto.