El escándalo apunta a Cultura

Si bien la junta directiva no sabía o no quería saber los entresijos que se traían entre manos algunos directores generales y otros altos cargos de la entidad, parece que el Gobierno tampoco era consciente del presunto desvío de fondos que se estaba practicando en la SGAE. Por ejemplo, para defender su transparencia ante las constantes denuncias de la Prensa de posibles irregularidades en la gestión, los portavoces de la entidad se amparaban en una auditoría anual que realiza la Agencia de Evaluación y Calidad, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, que, cada año, daba por buenas las cuentas de la entidad.
Por su parte, el Ministerio de Cultura entregó a la Fundación Autor, dependiente de la SGAE, subvenciones por valor de casi 1,3 millones de euros durante los años 2009, 2010 y 2011, es decir, durante los tres últimos ejercicios, «para estudios, premios y actividades teatrales», según consta en los Presupuestos Generales del Estado. Además, el brazo tecnológico de la SGAE, la Sociedad Digital de Autores y Editores, recibió subvenciones de las administraciones públicas por importe de 702.341 euros entre 2004 y 2009, período en el que presuntamente se produjo el desvío de fondos a terceras empresas investigado por la Fiscalía Anticorrupción. En cada ejercicio, este concepto fue fluctuando. Las ayudas recibidas por la SDAE ascendieron a 22.531 euros en 2004, cuantía que al siguiente año se multiplicó por seis. Pero fue en 2009 cuando más subvenciones ingresó en sus arcas, con 285.692 euros.
Por todo ello, la oposición asegura que debería haber habido un control mayor sobre la entidad. De hecho, el PP pidió ayer la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba por este caso y su responsabilidad en la vigilancia y control, y asegura que «si el Gobierno hubiera ejecutado sus competencias de vigilancia con el mismo ardor con el que mantuvo el canon, quizá la historia hubiera sido otra». También hay que recordar que la propia ministra de Cultura es socia de la SGAE, además de haber pertenecido a DAMA, otra entidad de gestión de similar funcionamiento a la del Palacio Longoria, aunque de menor tamaño.
Por su parte, el portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular, José María Lasalle, pidió ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que «no eche balones fuera y que asuma la responsabilidad que le corresponde al Estado en la investigación», informa Efe. Caamaño recordó ayer, en respuesta a las acusaciones del PP sobre falta de vigilancia por parte del Ejecutivo sobre la SGAE, que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 dictaminó que el Estado no tiene competencias en la «vigilancia y supervisión» de las entidades de gestión de derechos y desde el Gobierno se habló de que «esas competencias se habían transferido a las comunidades autónomas». Lasalle replicó a Caamaño que éste trata de exculpar al Gobierno sobre la vigilancia que le corresponde y que «no ha aplicado demasiado rigor en la interpretación de esa sentencia, quizá porque lo único que le preocupa es tratar de exonerar a su compañera de gabinete, Ángeles González-Sinde». Precisamente, González-Sinde suspendió ayer un viaje oficial a Japón que tenía previsto iniciar hoy y que se iba a prolongar durante cinco días, para participar mañana en la Feria Internacional del Libro de Tokio que este año tiene como país invitado a España. Posteriormente, iba a viajar a otra de las grandes ciudades de Japón, Kioto. Después iba a entregar la Orden de las Artes y las Letras al escritor japonés Haruki Murakami.
Sin embargo, la ministra decidió suspender este viaje para preparar su comparecencia en el Congreso donde explicará su responsabilidad sobre la denominada «Operación Saga» que, desde la oposición se le exige por omisión de funciones al ser una entidad tutelada por su Ministerio.