Pío García-Escudero asume la presidencia de la Comisión de Reglamento del Senado

El pasado 22 de febrero todas las fuerzas políticas del Senado, por unanimidad y sin confrontación alguna, dieron el visto bueno a una reforma tan necesaria como urgente. Su objetivo: «Reforzar la funciones del Senado como Cámara de representación territorial». Y una fecha límite, el verano de 2013. Ése fue sin duda el primer gran paso de un largo recorrido, pero están por venir muchos más

Tras el respaldo unánime del Pleno, todo quedó en manos de la Comisión de Reglamento, la encargada de crear una ponencia que precise cuáles serán esas reformas. Y hoy, precisamente, el presidente del Senado, Pío García-Escudero ha sido nombrado presidente de esta Comisión en sustitución del senador popular José Manuel Romay Becaría, que dejará su escaño tras ser propuesto por el Gobierno para presidir el Consejo de Estado.

Y fue el propio García-Escudero quien pidió a su grupo parlamentario que le propusiera para ocupar este cargo y dirigir así los trabajos de la ponencia que dictaminará el camino a seguir en esta reforma. Sobra decir el gran interés que este tema suscita en el que fuera portavoz del PP en la Cámara Alta, motivo por el que no dudará en apelar al diálogo entre todas las fuerzas políticas para alcanzar el objetivo que se han marcado.

Todo apunta a que la ponencia podría constituirse la próxima semana. Según fuentes parlamentarias, estaría formada por tres senadores del PP y dos del PSOE, mientras que CIU, la Entesa, PNV y el Grupo Mixto contarían con un representante. De momento, desde la Entesa ya han anunciado que su ponente será el senador por Barcelona, Carles Martí, portavoz también en la Comisión de Reglamento. Sea como fuere, y en definitiva, nueve senadores serán los encargados de elaborar un informe con las medidas precisas para reformar la Cámara Alta.

Hay que recordar que con esta reforma, el Senado pasaría a convertirse en una Cámara de primera lectura, por delante del Congreso, siempre que se trate de iniciativas legislativas de índole autonómico, como la reforma de estatutos, la financiación autonómica, la cesión de tributos o las leyes marco de transferencia o delegación previstas en el artículo 150 de la Constitución.

Es más, tal y como figuraba en el texto que rubricaron los grupos parlamentarios el 22 de febrero, el Senado tendrá una «mayor intervención» en aquellas proposiciones de ley originadas en esta Cámara, ya sea porque tengan una «relevante incidencia autonómica o local» o porque «procedan de las Asambleas de las Comunidades Autónomas». Finalmente, pretenden que sean los senadores los primeros en ver las «leyes relativas a la organización y financiación de las entidades locales». Y un dato: en sólo tres plenos alcanzaron el consenso que no habrían logrado en los ocho años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.