El Gobierno no paga

La crisis, la falta de previsión de las administraciones, la ausencia de la austeridad precisa de los gestores públicos y las alegrías financieras de muchos de ellos en momentos de holgura han compuesto un cóctel molotov que ha disparado la morosidad de las entidades públicas hasta extremos difícilmente asumibles. La asfixia financiera ha provocado que lo que debía ser una excepción, como es no cumplir con las obligaciones de pago fundamentales, se haya convertido casi en una respuesta automática a la encrucijada contable de buena parte de los organismos públicos. Las pequeñas y medianas empresas, proveedores del Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos han sufrido más que nadie los efectos de esa falta de capacidad de los gobernantes para afrontar situaciones de necesidad. Pero no sólo ellas. La Seguridad Social ha padecido también las consecuencias. Resulta paradójico que los gobernantes busquen oxígeno para sus estrecheces económicas en el endeudamiento con otras entidades públicas. Todo es más sencillo entre administraciones dirigidas por el mismo partido en muchos casos, pero no por ello es aceptable que las arcas del Estado, y, por tanto, el interés general, paguen los platos rotos o la factura de gestores que no han sabido estar a la altura. El balance es que, a fecha de 30 de junio de 2010, según datos oficiales que Presidencia del Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados, la deuda de la Administración central con la Seguridad Social alcanza casi los 122 millones de euros y la de los ayuntamientos supera los 150 millones. En una respuesta a la Cámara, el Ejecutivo explica, junto a los números rojos, que se «viene realizando una intensa labor en orden a la depuración de deuda» o que «se están realizando las actuaciones en orden a regularizar la situación». O lo que es igual, no cumplimos, pero estamos en ello, sin que se aporte dato alguno más allá de lo que parece mera retórica administrativa para salir del paso. Sea como fuere, parece poco presentable que las administraciones, y especialmente los ministerios, figuren de forma destacada en una lista de morosos con la Seguridad Social que, desde luego, no es pequeña. No es tarea fácil gestionar la escasez. Bajo esas circunstancias es precisamente donde se miden o se calibran las condiciones de un buen gobernante. En la opulencia, gastar siempre es sencillo. No se trata de elegir a quién pagar o no, que es precisamente lo que se hace en la actualidad en una especie de lotería sin sentido, sino de cumplir con los compromisos adquiridos, de ajustarse a las limitaciones y de actuar con seriedad del mismo modo que la Administración exige a los ciudadanos. La Seguridad Social ha cerrado 2010 con el peor resultado en tres años. Aunque el Gobierno se ha aferrado a la hucha de las pensiones para salvar la cara, la realidad es que acabó el ejercicio con 278 millones de déficit, sin contar los intereses del fondo de reserva, por el persistente aumento del paro y la caída de los ingresos por cotizaciones sociales. Que las administraciones alimenten de forma importante ese déficit con sus deudas es la consecuencia de una forma de dirigir los destinos públicos que explica también el momento crítico del país.