El PP denuncia recortes en las prestaciones de dependencia

La Junta lo niega, habla de «desvergüenza política sin límites» y asegura que Andalucía aplica bien la ley

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ayer, en Sevilla
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ayer, en Sevilla

SEVILLA- La portavoz del PP-A, Rosario Soto, denunció ayer que la Junta de Andalucía está recortando las ayudas a la ley de dependencia. Soto aseguró que está revisando los planes individuales de varias ayudas concedidas y lo está haciendo a la baja. Es decir, personas de «85 o 90 años» que ven cómo su prestación disminuye tres años después bien en cuantía o en horas de atención. «Qué explique Griñán cómo una señora de 89 años, con 94 está mejor que antes», se preguntó la portavoz de los populares andaluces.
Soto entregó documentación sobre un caso concreto de una mujer de Almería. Se trata de una persona reconocida con un «grado III, nivel dos» de dependencia y que tenía en 2008 una prestación de 90 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio a través del Ayuntamiento almeriense con un coste de cero euros para esta persona. Sin embargo, una resolución de 2011 de la Delegación provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Almería inició «de oficio el procedimiento de revisión del programa individual de atención» y acordó un «nuevo programa individual de atención a consecuencia de su revisión». El desenlace es que a esta persona se le reduce la prestación y se aprueban 55 horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio «en atención al grado y nivel de dependencia reconocido y las circunstancias personales y familiares de la persona interesada».
Según Soto, el PP tiene «decenas de denuncias de este tipo» que «no son casualidad» y que achacó a los recortes sociales de la Junta. Además, aseguró que el máximo nivel de dependencia –grado I nivel II– no se está aplicando pese a que entró en vigor el 1 de enero.
Por su parte, el director gerente de la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Julio Coca, manifestó que la Ley de Dependencia «obliga» a revisar «de oficio» cada tres años los expedientes de las personas dependientes y acusó a Soto de «desvergüenza política sin límites» porque «miente por religión, quedándose en la anécdota y utilizando a las personas más desfavorecidas en una mezquina política de manipulación».
En ese sentido, defendió que los «datos objetivos y rigurosos» prueban que Andalucía aplica «bien» la Ley de Dependencia, con 192.700 personas con dependencia reconocida y unas 254.000 prestaciones o servicios en favor de estas personas.