La Junta destina casi dos millones a la contratación de discapacitados

Valladolid- El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, en colaboración con el Fondo Social Europeo, destinará 1,7 millones de euros para la contratación de personas con discapacidad durante el presten año. Así lo publicó el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El objetivo se subvencionar a las entidades locales dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad los costes salariales de las personas desempleadas que sean contratadas para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social con reconocimiento de un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento en 2011.
Los trabajos tienen que ser relativos a la protección, mejora y conservación de zonas naturales, espacios públicos urbanos y áreas recreativas, así como a la gestión de residuos, la información local, el apoyo a las bibliotecas y archivos municipales, el desarrollo cultural local, entre otras consideraciones, informa Ical.

Mayor apoyo
A la cantidad de financiación podrá añadirse un 20 por ciento para poder atender al máximo de solicitudes presentadas. El límite máximo será de 5.000 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa.
Las entidades solicitantes deberán acreditar que en los procesos para provisión de puestos de trabajo se han reservado al menos el dos por ciento de los mismos para su cobertura con personas discapacitadas.
Para acceder a la ayuda se dará prioridad a las entidades con menos de 5.000 habitantes donde, por lo general, existen menos recursos comunitarios y las posibilidades de creación de empleo son menores. También a los municipios comprendidos en el Plan Especial de Actuación en las Áreas Periféricas de nuestra Comunidad, así como los transfronterizos.
La justificación de la subvención se efectuará antes del 31 de diciembre de 2011, o en caso, en la que se señale en el acuerdo de ampliación, ante el Servicio Público de Empleo. Además, con independencia de la duración de las obras y servicios, será subvencionable el periodo de contratación comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2011.
El Bocyl indica que en un momento de complejidad económica actual se deben articular las medidas necesarias para garantizar el derecho de los discapacitados al desarrollo de una actividad profesional.