Dos nuevos documentos implican a la Junta en el ERE de Mercasevilla

El primero de estos documentos, a los que tuvo acceso LA RAZÓN de Sevilla, está firmado el 5 de noviembre de 2007 y afecta a 19 empleados acogidos al segundo ERE de Mercasevilla, a quienes la Dirección General de Trabajo garantiza 3.410.134,53 euros. Estos datos coinciden con los de la póliza contratada por la sociedad municipalizada con Seguros Colectivos del Banco Vitalicio, incluida la fecha prevista para el ingreso: el 1 de abril de 2008.
Las mismas similitudes existen entre el segundo documento y otra póliza del Banco Vitalicio que preveía el ingreso de los fondos el mismo 1 de abril de 2008. En este caso, el ex director general Guerrero suscribe el «compromiso» de abonar 1.609.042,07 euros a siete antiguos trabajadores.

Estos escritos autonómicos refuerzan las tesis de la empresa, el Ayuntamiento, los prejubilados y los representantes sindicales en Mercasevilla de que la Junta participó desde un principio en la financiación del ERE de 2007 y, por tanto, debe asumir los 9.046.976,95 euros pendientes que mantienen a la propia sociedad en una delicadísima situación económica.

A pesar de que el comité de empresa reveló la existencia de un primer compromiso de pago del 29 de abril de 2008, referente a ocho prejubilados y valorado en 1.891.637,83 euros, la Administración autonómica siempre ha negado su implicación financiera, acusando a su antiguo director general de Trabajo de actuar sin autorización de sus superiores y de los órganos competentes.

Desde Empleo se argumentó en su momento que Francisco Javier Guerrero fue cesado por «irregularidades» el 29 de abril de 2008, justo el mismo día en que firmó el primer compromiso de pago desvelado. La excusa del «desconocimiento total» pierde fuerza para la Junta, porque su ex alto cargo autorizó otros abonos hasta cinco meses antes de su destitución y porque la Junta no ha emprendido acciones judiciales pese a las ilegalidades que denuncia.

En el juzgado
Aun así, el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, negó «rotundamente» ante la juez Mercedes Alaya «cualquier compromiso de pago» vinculado al ERE de 2007. Según Europa Press, lo hizo en junio pasado y en respuesta al requerimiento de la instructora sobre la causa iniciada por posible delito societario.

Rivera fue contundente al indicar que «no ha sido realizado abono alguno» ni consta en su departamento un procedimiento referente a la polémica regulación laboral «con arreglo a las normas de derecho administrativo especial». Considera «meros actos de comunicación» unos documentos firmados por su antecesor «huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».

Aun así, Mercasevilla ha solicitado por escrito a la juez Alaya que inste a la Junta, al Banco Vitalicio y a la consultora Vitalia Vida a entregar «la documentación disponible» sobre el ERE para reclamar judicialmente los pagos.