Zapatero sólo recaba el apoyo de CiU y PNV para prorrogar la alarma

Y se mostró tan seguro de que la actitud de estos trabajadores había superado los límites de lo razonable como de la constitucionalidad de las medidas adoptadas. Y no salió mal parado. El lenguaje de la firmeza y la determinación frente al chantaje es bien entendido por la opinión pública. Otra cosa es saber cómo acabar con el eterno conflicto de los controladores cuando se suspenda el Estado de Alarma. Y ayer, desde luego, no salió una receta ni pronta ni creíble.

No estábamos ante un conflicto laboral, sino ante un «desafío al orden democrático» y no hubo imprevisión, sino firme determinación de acabar con una situación insostenible. Éstas fueron las dos ideas esgrimidas por Zapatero durante su parlamento, en el que no aclaró cómo retomar la normalidad cuando se desactive el Estado de Alarma ni si éste será o no prorrogado. De ser así la decisión requeriría, esta vez sí, del apoyo de la mayoría del Congreso. Y, aunque no es en principio éste el escenario que prevé el Ejecutivo, el presidente prefirió mantener la incógnita («No vamos a estar en Estado de Alarma ni un día más ni un día menos de lo que necesiten los ciudadanos de este país para circular sin ser chantajeados por los controladores aéreos», dijo).

Por si acaso, los grupos parlamentarios le dejaron clara su posición al respecto. Y sólo CiU y PNV prestarían su apoyo inequívoco; el PP pediría razones «poderosísimas» para votar a favor y la izquierda parlamentaria (IU-ICV, ERC, UPyD, BNG y NaBai) se opondría en bloque, igual que UPN. Los votos de nacionalistas vascos y catalanes serían suficientes para aprobar una hipotética prórroga que en La Moncloa se resisten a solicitar por diferentes motivos, el primero que una medida, inicialmente aplaudida, se convierta en la historia de un fracaso. Pero hay otros: que aumenten las especulaciones sobre la constitucionalidad del decreto de Alarma y que no parece que, tras la apertura de los expedientes disciplinarios, las demandas interpuestas y la investigación de la Fiscalía, se atrevan a echar otro pulso al Estado de Derecho.

«Plante súbito y masivo»
Sin embargo, a la espera de la decisión final –que el Gobierno adoptará en los próximos tres o cuatro días– , Zapatero se presentó en el Parlamento con la seguridad de quien se sabe, en esta ocasión sí, respaldado por la inmensa mayoría, no ya de la Cámara –que también–, sino de la opinión pública. Arguyó una situación de «calamidad pública», habló de «rebeldía contra el Estado de Derecho», de «chantaje», de «respuesta rápida y contundente», de «plante súbito, masivo y simultáneo» de los controladores y de la «paralización de un servicio público esencial para la comunidad». Todo antes de advertir en tono solemne: «El Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar requisitos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones como las que vivimos el pasado fin de semana». Antes había detallado pormenorizadamente la secuencia de acontecimientos que llevó al Gobierno a «agotar sus posibilidades» de actuación mediante medios «menos excepcionales» y desveló que mientras se desarrollaron los hechos en las 24 horas entre la tarde del viernes y el sábado, se llegaron a mantener dos reuniones con el sindicato de controladores, USCA (la segunda de ellas, con el secretario de Estado de Defensa, después de la militarización del control aéreo).

Negociaciones que fracasaron porque como contrapartida se exigió que se retirara el decreto de organización de trabajo de los controladores aprobado el pasado febrero e impugnado ante la Audiencia Nacional. Fue precisamente el texto del recurso rechazado por la Audiencia en el que justificó Zapatero su decisión, pues habló de una de las «sentencias más contundentes» que se recuerdan y en la que se afirma que la intervención del legislador no sólo era obligada, «sino imprescindible» para corregir una situación «tan calamitosa» que ninguna Administración responsable «debe tolerar». También admitió que «desde hace días», se tenía conocimiento del «riesgo cierto» de que los controladores llevaran la situación a un punto insostenible. Y fue ahí cuando dijo que lo que ha generado el Estado de Alarma «es tranquilidad a los ciudadanos».